Durante años se ha reclamado solucionar el déficit del sector eléctrico, que a pesar de ser considerado insostenible en vez de corregirse ha crecido, por distintas razones que pueden resumirse en que ningún gobierno ha querido asumir el costo político de tomar las acciones responsables para enfrentarlo decididamente, y porque la mala decisión de estatizar las distribuidoras de electricidad poco después de su capitalización hizo de estas parte importante del botín político, lo que las ha alejado de la racionalidad económica, de la transparencia y la buena gestión.
Aunque las actuales autoridades tomaron la correcta y oportuna decisión de disolver la antigua CDEEE y de impulsar las licitaciones de compra de energía que nunca antes se habían realizado en violación al mandato de la Ley General de Electricidad, y de garantizar una adecuada gestión de las plantas a carbón de Punta Catalina, al traspasarlas a una empresa de propiedad estatal administrada por un empresario de reconocida experiencia y solvencia moral, no tomaron ninguna decisión fundamental con respecto de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), cuyos administradores primero enredados entre los escandalosos casos de corrupción detectados, siguieron haciendo más de lo mismo, con la agravante de que luego de la entrada en operaciones de Punta Catalina, y la decisión de no seguir racionando el abastecimiento de la demanda como siempre se hizo, lo que era casi indispensable en medio de la pandemia y del mandato de quédate en casa trabajando o estudiando, duplicó el déficit.
Durante años la clase política ha jugado al clientelismo no solo porque no ha querido asumir las consecuencias de la racionalidad en la fijación de precios, y evadió el ajuste de la tarifa como se hizo meses después de finalizarse el proceso de capitalización de las EDES en el 2000 porque era un año electoral, y postergron durante largos años la aplicación de la tarifa técnica, esto es, la que tome en cuenta los costos operacionales racionales de las distribuidoras, sino también porque le vendieron a la población el mito de que teníamos las tarifas más caras de electricidad, y la siguió acostumbrando a que pagarlas no era una obligación como sí lo es para el servicio de telecomunicaciones, si se tenían conexiones políticas, poder económico o social, y a que su robo no tuviera consecuencias.
Por eso no sorprende que mucha gente pensara que era mejor que las EDES quedaran en manos del Estado, pues así muchos no pagaban, o pagaban poco aunque cada vez consumieran más, mientras algunos se enriquecían ilícitamente desangrándolas, sin que se advirtiera que al final todos nos perjudicamos con ese despilfarro, sobre todo los más vulnerables que ingenuamente cambian no pagar la factura de unos cuantos cientos o miles de pesos, por el empobrecimiento y carencias que se derivan de un déficit que si ya era intolerable en más de dos mil millones de dólares, es impensable mantener luego de duplicarse en los últimos 3 años, y que desvía los recursos que deberían destinarse a salud, agua, seguridad, transporte y más, al hoyo negro del subsidio.
Ahora que la reforma fiscal se aproxima todos apuntan al déficit del sector eléctrico y reclaman su solución, pero sin asumir que no la habrá sin ajustes tarifarios, los que en ejecución del Pacto llegaron a implementarse trimestralmente hasta que poco después de empezar, ante tanta oposición, el Gobierno decidió suspender.
Si queremos resolver la desastrosa situación de las distribuidoras y su insostenible déficit no hay posibilidad de hacerlo sin que todos asumamos que la electricidad es un bien escaso y costoso, que todos debemos pagar o las consecuencias por no hacerlo, y no se logrará si seguimos haciendo lo mismo. Por eso es hora de cambiar el enfoque y centrar la discusión en si tiene sentido un sistema de independencia sectorial en el que no se puede distribuir y generar, que trajo como consecuencia que unos tengan la masa y otros los huesos, y dejar atrás los populismos que defienden el mantenimiento del Estado en el negocio de la distribución, aunque haya sido un fracaso y la peor y más costosa decisión para el país.
