En 2020 se emitió la primera condena por compra de cédulas durante las elecciones municipales, desde que se tipificó como delito en la ley de Régimen Electoral. Este año, no se sabe si el precedente aumentará, pero hay tres personas detenidas por incurrir en esta práctica en el proceso del domingo.
La Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos Electorales habría sido notificada de la detención de esas tres personas en Santiago de los Caballeros y está procesando e investigando el caso.
Además de los arrestos realizados por la policía y que serán remitidos al Ministerio Público electoral, la Junta Central Electoral (JCE), también está facultada para denunciar hechos, en caso de que haya identificado alguna infracción a la ley electoral durante el certamen del domingo.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) condenó a Yeyson Arias Fernández a seis meses de prisión suspendida y al pago de una multa de un salario mínimo del sector público por 10 mil pesos.
Otra condena fue emitida contra Obispo Figueroa Mieses, quien era presidente de un colegio electoral en Villa Altagracia y marcó una boleta electoral, antes de entregársela al elector de turno. Se le dictó un año de prisión suspendida condicionalmente tras un acuerdo con la fiscalía electoral.
Las infracciones documentadas
De acuerdo con el informe presentado por Participación Ciudadana, observadora del proceso, en el 26% de los recintos electorales se incurrió en el delito de compra y venta de votos y manejo de dinero en efectivo o entrega de tickets (supuestamente para el reclamo posterior de alguna suma de dinero).
“A pesar de las restricciones en el uso de celulares pudimos constatar que estas no fueron respetadas por los colegios electorales, lo cual permitió que miles de ciudadanos pudieran fotografiar sus votos. Este es uno de los mecanismos más efectivos para la compra de votos”, dijo PC al destacar que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo (FP) fueron las organizaciones que incurrieron mayoritariamente en esta práctica.
Refiere que en un 30% de los recintos fueron observados encuestadores que hacían encuestas a boca de urna, lo que constituye una importante violación, a pesar de que la JCE rechazó la realización de estas encuestas.
Lizzie Sánchez, coordinadora de PC, dijo durante la entrevista en Despierta con CDN, que a la JCE le faltan garras para enfrentar a los partidos.
Vieron gente que mostraba foto y recibía dinero
“Fue demasiado obvio para todo el mundo la cantidad de propaganda desplegada a pesar de estar prohibida por la Ley y de ser parte de los crímenes electorales. También vimos cómo en los alrededores de los recintos se vio una cierta cantidad de gente con grupos de papeletas haciendo trueques. En el caso de nosotros, algunos de nuestros observadores vieron a personas mostrar la foto de por quién habían votado y recibían un dinero”, dijo Sánchez.
