El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria detectó 90,000 personas presas sin sentencia en México, donde alrededor del 50 % están sujetas a detención preventiva oficiosa y los arrestos arbitrarios son una “práctica generalizada”, según trascendió.
Esta agrupación entregó su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras visitar el país entre el 18 y 29 de septiembre de 2023 por invitación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Deficiencias en el sistema de justicia penal
“El Grupo de Trabajo observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan el derecho a la libertad”, indicó el reporte.
El informe consideró “preocupante” la prisión preventiva oficiosa “excesivamente prolongada“, al detectar a personas que han pasado más de cinco años en la cárcel con esta figura, lo que ha contribuido a una población encarcelada de cerca de 230,000.
También, alertó de la militarización de la seguridad pública al reportar 100,000 soldados en tareas policiales y de control migratorio.
Aumento de violencia
“Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura”, argumentó la entidad.
Por otro lado, la fuente denunció que México desde 2006 ha adoptado un enfoque “mucho más punitivo” hacia el uso personal de drogas y la venta de drogas al por menor, un crimen llamado narcomenudeo.
Uso excesivo de la fuerza
Sostuvo que “ha habido un aumento en el encarcelamiento de consumidores de drogas”, pero constató que “fuerzas de seguridad fabricaron cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsos o ropa”.
Aunque celebró la Ley de Amnistía que el presidente promulgó en 2020, el informe también reportó que “sólo alrededor de 424 personas habían sido liberadas mediante amnistía” al momento de su visita.
Entre otros problemas, enunció además “el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial”, y las “carencias en las condiciones de detención”.
Sigue leyendo:
