Dos cadáveres han sido hallados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, situada en la ciudad de Guayaquil, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Los cuerpos de los dos reclusos fueron trasladados al departamento de Medicina Legal para ser sometidos a procedimientos de investigación forense que permitan determinar las causas de muerte, ha indicado el SNAI en un comunicado.
El hallazgo se concretó durante los controles de seguridad en la Penitenciaría, denominada oficialmente como Centro de Privación de Libertad Guayas Número 1, por parte del personal del SNAI en coordinación con la Policía, el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 y la Fiscalía de la provincia de Guayas.
El SNAI ha señalado, además, que presentará una denuncia ante la Fiscalía de la jurisdicción “para determinar las causas y responsabilidades” de este caso.
Entre 2021 y 2023 murieron asesinados en las cárceles ecuatorianas más de 500 presos, muchos de ellos en una serie de masacres entre bandas que buscaban desplazar a sus rivales para afianzarse en el control interno de las prisiones.
Algunas de estas masacres se dieron en la Penitenciaría del Litoral, que alberga a aproximadamente la mitad de los alrededor de 12.000 presos recluidos en el complejo penitenciario de Guayaquil, un conjunto de cinco cárceles situadas en esta ciudad.
A principios de este año, el presidente de Ecuador, el empresario Daniel Noboa, decretó un estado de excepción que permitió a los militares y policías intervenir en las cárceles para tomar su control y poner fin a la violencia en las prisiones que también había saltado a las calles.
Las cárceles más conflictivas fueron militarizadas a la par que el Gobierno declaraba, además, una situación de “conflicto armado interno” en el país para que las fuerzas de seguridad iniciaran acciones contra las bandas de delincuencia organizada que pasaron a ser catalogadas como grupos terroristas.
Los militares y policías continúan con la misión de controlar las prisiones, pese a que han concluido varios periodos de estado de excepción, un mecanismo usado por el Gobierno para reaccionar ante los brotes de violencia en cárceles y calles.
