Santo Domingo.- El Gobierno dominicano manifestó que el “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos” emitido por el Departamento de Estado Estados Unidos, que establece que en el país hubo expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, no refleja la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana.
«Aprovechamos la oportunidad para manifestar nuestro asombro ante el tono agresivo e infundado del informe», indicó en un comunicado, Homero Figueroa vocero del Gobierno de la República Dominicana y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental.
Agregó que están estudiando el informe y responderán en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados.
Estados Unidos volvió a incluir en su “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos” que en República Dominicana hubo expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal y los abusos de derechos humanos asociados.
Indicó que el cierre de la frontera con Haití por parte del Gobierno en septiembre y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos apátridas, colocaron a poblaciones que ya eran vulnerables en mayor riesgo.
Acerca de los maltratos
“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos”, establece el informe.
Afirmó que el Gobierno dominicano no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
