El Poder Ejecutivo aclaró ayer que el proyecto que sometió el pasado miércoles, que modifica la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, del 7 de agosto de 2003, no se trata de una modificación amplia o profunda del instrumento normativo ni de una reintroducción de la iniciativa que había sido retirada anteriormente.
Explicó, mediante una nota de prensa, que la reforma propuesta “procura, exclusivamente, fortalecer la capacidad del Estado para proteger a niños, niñas o adolescentes que sean víctimas de esta bochornosa práctica”.
“Como expresa el breve proyecto en sus motivaciones, el Estado dominicano impulsa estas mejoras en el marco de su compromiso constitucional y convencional de luchar contra una práctica tan denigrante e inhumana como la trata de personas, delito que lesiona derechos como la dignidad, igualdad, seguridad, integridad física y psíquica, libertad y libre desarrollo de la personalidad de toda persona víctima de ésta”, precisa.
Señala, además, que aunque es fundamental promover de manera inmediata la modificación del artículo 3 de la indicada pieza, en aras de fortalecer las medidas contra este delito en lo que respecta a la protección de los menores de edad, “las diferentes instituciones del Estado y la sociedad que abordan la cuestión, continúan trabajando para una eventual revisión integral de la norma, en un proceso de diálogo plural que permita el consenso social, académico y político en torno a tan relevante tema”.
“Como se afirma en la propuesta, el Gobierno no hace más que reconocer que es deber del Estado fortalecer las medidas legales, administrativas, jurisdiccionales, educativas, sociales, culturales o de otro tipo que se requieran, para que los actores integrales, en el marco de sus competencias, dispongan de acciones y procesos tendientes a garantizar y optimizar sus respuestas frente a este flagelo, asegurando mayores garantías en el derecho interno y en cumplimiento con los estándares internacionales”, concluye el comunicado.
El proyecto toca un solo artículo
El proyecto sometido por el Poder Ejecutivo en el pasado 19 de junio tiene solo dos artículos, uno de los cuales -el primero- reforma el artículo 3 de la legislación vigente.
La pieza introducida en la Cámara de Diputados tiene como propósito modificar de manera puntual dicho artículo para brindar mayor seguridad y protección a las niñas, niños y adolescentes, “victimas especialmente vulnerables y objeto de victimización con la trata de personas, en cumplimiento del deber del Estado de establecer medidas tendentes a prevenir y combatir la trata de personas y proteger a sus víctimas”.
Así lo establece el Ejecutivo mediante una carta dirigida a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara Baja, y además explica, en uno de los considerandos de la iniciativa, que la actualización integral de la Ley 137-03 “requiere un debate pausado” en el Congreso, pero que hay aspectos sobre los cuáles existe consenso en la sociedad y en relación a los cuáles pueden hacerse “avances inmediatos” para fortalecerla.
En la misiva, el presidente Luis Abinader pondera que la modificación sometida busca fortalecer la ley actual con lo que respecta a la persecución de la manifestación delictiva que afecta a las niñas, niños y adolescentes de manera desproporcionada, y que son persuadidos para ser sometidos a situaciones de explotación sexual o humana, esclavitud así como a trabajos forzosos.
Le agrega un párrafo al artículo 3 de la actual ley
El proyecto de ley modifica el artículo 3 de la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (promulgada el 7 de agosto de 2003), y la parte más impactante que le agrega es un párrafo que dice:
“Párrafo. Cuando el delito de trata de personas se cometa en perjuicio de niño, niña o adolescente, no será necesario para su configuración que concurran ninguno de los medios enunciados, esto es, el empleo de engaño, rapto, uso de la fuerza, coacción, coerción, amenaza, abuso de poder, abuso de condiciones de vulnerabilidad, concesión o receptación de pagos para recibir el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra”.
Las penas que contempla el artículo para los infractores siguen invariables; serán de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos.
Con esta breve reforma el presidente Luis Abinader busca fortalecer las medidas legales para que los actores del sistema puedan, dentro de sus competencias, disponer de las herramientas que permitan garantizar la protección de aquellos más vulnerables del flagelo que afecta al país. Aún se está a la espera de la iniciativa legislativa integral prometida por el mandatario.
