Nueva York – El Tribunal de Apelaciones en Puerto Rico debe decidir sobre el recurso presentado por Genera PR que pide que se revoque una resolución y orden del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) bajo la que la empresa tendría que enfrentar sanciones por “falsas representaciones” relacionadas con un proyecto para la compra de unidades generatrices.
El Nuevo Día, principal medio en la isla, reportó este viernes que Genera PR alegó ante el foro judicial que el NEPR no le concedió el debido proceso de ley ni le notificó como corresponde sobre los mecanismos a su disposición para impugnar las penalidades.
La empresa argumentó que, si se mantienen las estipulaciones del ente regulador de la industria energética en Puerto Rico, se paralizarían las negociaciones con los proponentes y subcontratistas para la compra de unidades generatrices.
“Si este honorable tribunal no revoca la resolución y orden del 17 de septiembre de 2024 (es decir, si el NEPR no permite acuerdos que se ajusten y alineen con los calendarios de entrega presentados por los proponentes y subcontratistas en un proceso competitivo), entonces, el proceso muy probablemente se detendrá”, lee el documento judicial que cita el periódico.
Parte del planteamiento de Genera PR es que el NEPR cometió errores al no indicar en sus resoluciones los términos para solicitar revisión administrativa o judicial de su decisión.
Los abogados de la compañía además señalan que la posibilidad de que el NEPR pueda imponer multas por asuntos como incumplir con el calendario atenta contra los “intereses propietarios”.
El pleito está relacionado con las unidades pico o las que se utilizan en periodos de alto consumo para evitar apagones.
En octubre pasado, Genera PR anunció que seleccionó a las empresas Wartsila North America y Siemens Energy en una subasta para la compra de 10 unidades de generación de resguardo.
Sin embargo, el trámite se ha retrasado más de un año.
El plan inicial era que estos equipos de resguardo operaran hasta finales de 2025.
Durante el pasado verano, Genera PR alegó que los costos proyectados se habían elevado en casi $300 millones (de los $613 millones iniciales) y que la instalación se haría escalonadamente hasta el 2027.
Lo anterior dio pie a que el Negociado afirmara que Genera PR había incurrido en “falsas representaciones” (“misrepresentations”). Además, le ordenó a la empresa concluir el proyecto no más tarde de junio de 2026. Si Genera PR incumple con el mandato, podría exponerse a multas diarias de hasta $25,000.
Las 10 unidades en disputa tienen capacidad para producir 244 megavatios (MW). Estarán ubicadas en Costa Sur, en Guayanilla; en la central San Juan, y en las estaciones de generación en Daguao, Ceiba; Yabucoa, y Jobos, en Guayama, precisa otro artículo del periódico.
Genera PR administra desde julio pasado los activos de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como resultado de un contrato de alianza público-privada con el gobierno de Puerto Rico.
Una de las principales críticas, mayormente de grupos ambientalistas, es que, en lugar de facilitar la transición a energía renovable de acuerdo con la política público del gobierno federal y local, las medidas que está implementando Genera PR, al enfocarse en el uso de gas natural, se desvían de las metas.
Los representantes de Genera PR insisten en lo contrario, y, en que, a largo plazo, el uso de gas natural representará ahorros para los consumidores de la AEE.
Genera PR se sumó al organigrama de privatización de la AEE bajo el que LUMA Energy se encarga, desde el 2021, de la transmisión y distribución de la electricidad.
En el caso de LUMA, hace casi una semana, el Tribunal Apelativo le dio la razón al NEPR en el pleito por las métricas de desempeño.
El tribunal determinó que, al alterar las métricas ilustrativas para que LUMA reciba bonificaciones, el NEPR actuó dentro de los parámetros de ley.
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