Santo Domingo. La Fuerza de Tarea Conjunta inició un trabajo articulado para priorizar la atención en salud mental, considerada por el Gobierno como una deuda social y de seguridad agudizada a nivel mundial. Este esfuerzo multisectorial involucra al Ministerio de Salud, la Policía Nacional, la Procuraduría General, el Ministerio de la Mujer y otras agencias gubernamentales.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreció estos detalles al concluir la reunión número 104 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, con la presencia del ministro de Salud Pública, Víctor Elías Atallah.
La funcionaria precisó que la salud mental dejó de ser una prioridad hace muchos años y alertó que República Dominicana enfrenta actualmente una enorme deuda social en la creación de espacios accesibles para atención preventiva.
“Estamos retomando iniciativas articuladas porque, aunque sea un tema de salud, también es un asunto de seguridad. Requiere protección a menores, sectores vulnerables, ancianos, mujeres y madres que son víctimas silenciosas de abusos que a veces no son detectables por no representar violencia física, pero que terminan desencadenando graves consecuencias”, expuso Raful.
La ministra sostuvo que este flagelo es evidente en los recientes casos que han conmovido al país. Además, subrayó que los efectos de la pandemia se han traducido en un empeoramiento de las condiciones de salud mental, tanto a nivel global como local, haciendo más urgente reforzar una respuesta integral al tema.
Raful lamentó todos los maltratos registrados contra menores de edad en los últimos días y reiteró su llamado a la sociedad a colaborar en una labor que debe involucrar a medios de comunicación, juntas de vecinos e iglesias, para “realizar un periplo comprometido y genuino que nos permita ayudarnos entre todos”.
“Estamos muy conmovidos y preocupados. Entendemos que la política pública nacional necesita más recursos económicos, mayor tecnología y, por supuesto, más personal para realizar una labor preventiva efectiva y evitar que estos casos terminen en desenlaces trágicos”, manifestó.
Sobre la tasa de homicidios, detalló que se mantiene en 8.1 por cada 100 mil habitantes, según datos de la Policía Nacional reportados hasta el viernes 22 de agosto. Esta cifra representa una tendencia a la baja, con 25 provincias que permanecen en un solo dígito.
Se registran 52 víctimas mortales menos en lo que va de 2025, con un total de 852 casos, mientras que para el mismo período de 2024 la cifra acumulada alcanzó 904, y en 2023 fue de 993.
Raful aclaró que las estadísticas de cada muerte responden a su naturaleza específica. Explicó que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) recibe los datos que proporciona la Policía Nacional al sistema, donde son segmentados tras su análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). Añadió que cuando los casos son producto de acción legal, es decir, que involucran a las instituciones del orden, también se realiza una investigación exhaustiva.
“Hay muertes que no se incluyen en las tasas de homicidios porque corresponden a legítima defensa o son accidentales. Al desagregar los datos, estas no son homicidios causados por conflicto social ni delincuencia”, sostuvo la ministra.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**