Después de seis meses de crisis política, Francia ve finalmente la luz al final del túnel de uno de los debates presupuestarios más acalorados y ajetreados de los últimos años. La Asamblea Nacional rechazó este lunes por la tarde la última ronda de mociones de … censura a las que se enfrentaba el Gobierno de Sébastien Lecornu tras haber utilizado tres veces el artículo 49.3 de la Constitución para adoptar las cuentas públicas de este año. El fracaso de esas mociones comporta que el país disponga de unos nuevos presupuestos. Su principal objetivo es reducir el elevado déficit público del país del 5,4% al 5% del PIB, así como aumentar el gasto militar en 6.700 millones en 2026.
«Francia dispone finalmente de unos presupuestos», destacó Lecornu tras el fracaso de las dos mociones. Una había sido presentada por diputados de la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos), de Los Ecologistas y del Partido Comunista, mientras que la otra fue depositada por Agrupación Nacional, de Marine Le Pen. Representó el sexto texto de censura al que se enfrentó Lecornu en los últimos diez días, tras haber anunciado el 19 de enero que recurriría a un impopular decreto gubernamental para adoptar las cuentas públicas de este año. El artículo 49.3 de la Constitución permite al Gobierno aprobar una medida sin una votación parlamentaria normal, pero abre la puerta a que la oposición intente tumbar al Ejecutivo.
Como ya había sucedido con las otras mociones de las últimas semanas, las de este lunes por la tarde no llegaron al umbral de la mayoría absoluta al no contar con el apoyo de los diputados del Partido Socialista (PS) y de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR), las dos formaciones bisagra en un Parlamento muy fragmentado. El texto de la izquierda obtuvo 260 votos y se quedó a 29 de forzar la dimisión de Lecornu, mientras que el de la extrema derecha solo consiguió 135 papeletas.
El momento de «pasar a otra cosa»
«Ha llegado el momento que pasemos a otra cosa», dijo el primer ministro durante el debate parlamentario. Con la adopción de las cuentas públicas del 2026, el Gobierno francés evita tener que conformarse con una prórroga de las del año pasado como debió hacer de manera temporal a finales de diciembre. También pasa página después de medio año de culebrón en que el debate presupuestario prácticamente monopolizó la política interna en Francia. La apuesta del Ejecutivo de disminuir el elevado déficit a través de recortes ya le costó el cargo en septiembre a François Bayrou, predecesor de Lecornu. También contribuyeron a que el actual responsable del Gobierno dimitiera a principios de octubre, pero asumiera de nuevo el cargo pocos días después.
Aunque el primer ministro había prometido a principios del otoño que no utilizaría el 49.3, finalmente incumplió su palabra y el polémico decreto le sacó las castañas del fuego. También ha logrado la aprobación definitiva de los presupuestos gracias a un acuerdo de mínimos con el Partido Socialista, así como a la voluntad de la derecha republicana —esa histórica formación abandonó el Gobierno en octubre— de garantizar la estabilidad y evitar otras elecciones legislativas anticipadas, en que podría salir reforzada la extrema derecha de Marine Le Pen.
Lecornu prometió que no utilizaría el 49.3, pero finalmente incumplió su palabra y el polémico decreto le sacó las castañas del fuego
Unos presupuestos «imperfectos»
El resultado de todo ello son unos presupuestos que comportan unos recortes del gasto público de unos 20.000 millones. Aunque se trata de un tijeretazo inferior a los 44.000 millones previstos inicialmente por Bayrou, representa un esfuerzo notable para un país como Francia, donde el Estado cuenta con un peso preponderante. Este texto «es imperfecto» y «las decisiones más valientes han sido aplazadas», denunció el representante conservador Nicholas Ray, cuyo grupo hubiera preferido menos concesiones a los socialistas, siendo la suspensión hasta 2028 de la reforma de las pensiones la más importante de todas ellas.
«Estos presupuestos limitan el gasto público y no aumentos los impuestos ni para los particulares ni las empresas», insistió Lecornu. Durante las últimas semanas, la derecha radical acusó de manera airada al primer ministro de aumentar la presión fiscal, y eso que en ese sentido sus concesiones al centro-izquierda no fueron gran cosa. Pese a las ambiciones que mostraban los socialistas el pasado otoño haciendo de la «tasa Zucman» —un impuesto especial sobre el patrimonio de los más ricos— su gran estandarte, finalmente en materia de impuestos tuvieron que conformarse con que el Gobierno mantuviera uno para las rentas más altas, creado en 2024 por el conservador Michel Barnier.