Nueva York – El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, consideró que el alza en costos por inflación es, al momento, el principal reto que enfrenta el proceso de reconstrucción poshuracanes en la isla.
El presidente de la entidad ha sido uno de los más vocales con relación al desembolso de fondos federales para municipios en la isla, y particularmente, los impedimentos para avanzar con los proyectos debido a que los costos fijos establecidos por FEMA no son suficientes.
En enero pasado, el también alcalde de Villalba se reunió con personal de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), entidad encargada de asignar y obligar los fondos para proyectos de obra permanente bajo el Programa de Asistencia Pública (PA), para una vez más alertar de esta problemática.
Hernández también ha acudido a la capital federal para participar de reuniones en la Casa Blanca en las que ha insistito en la necesidad de que se ajuste el costo de los proyectos debido a la inflación.
Según el ejecutivo municipal, los costos de algunos de los grandes proyectos de reconstrucción tras los huracanes María e Irma en el 2017 se han duplicado o han aumentado entre 30% o 40% del estimado original.
Subastas desiertas por inconguencias en estimados de costos
Esto a su vez lleva a que los contratistas rechacen comprometerse con un desarrollo que va a costar más que lo autorizado por FEMA, y que no acudan a las subastas.
“Es algo que nosotros estamos diciendo hace mucho tiempo. Nosotros hemos estado dando las luchas más puntuales para que el acuerdo de no desembolsos se dejara sin efecto para que entráramos en un proceso de adelanto de fondos. Se logró, pero lamentablemente en el 2021. Ahora nuestra batalla es manejar el tema de la inflación de recursos; acuérdate que nosotros estamos atados al 428, que es una sección de la Ley Stafford especial de manejo de fondos, pero que limita a los proyectos”, declaró el líder de los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) en entrevista con El Diario.
Bajo la sección 428 de la Ley Stafford, los grandes proyectos de reconstrucción o de más $1 millón están sujetos a un estimado de costo fijo que no se puede cambiar o enmendar luego de haber sido acordados.
La Ley Robert T. Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por Emergencia de 1988 (Ley Stafford) autoriza la asistencia federal cuando el presidente de Estados Unidos declara zona de desastre en algún estado o jurisdicción.
Hernández propone a FEMA una revisión uniforme de costos
En ese sentido, Hernández, dijo que su propuesta a FEMA va en la línea de una revisión uniforme de costos.
“En estos momentos como estamos bajo la sección 428 no se permite una revisión de costos uniformes, se tiene que ir al mecanismo de reconsideración, revisión de PW (Project Worksheet Cover), y eso puede tardar meses o años. Yo estoy pidiendo una revisión uniforme. Eso adelantaría que casi todos los proyectos se reajusten para que entonces cuando se celebren las subastas no tengamos el problema de que se están yendo por encima, casi el doble en números y no podemos adjudicarlas porque no tenemos los recursos”, recomendó el alcalde de Villalba.
El entrevistado mencionó el caso de un proyecto para un parque de pelota en su municipio para ejemplicar los problemas entre el costo fijo y el estimado más actualizado.
“Yo subasté hace poco un proyecto en un pequeño parque de pelota en una comunidad que tenía adjudicado en el PW (Project Worksheet Cover) cerca de $700,000 dólares; la subasta más baja me vino por $2.5 millones. Estamos hablando de más del doble. ¿Qué yo tuve que hacer?, reajustar los costos y pedirle a FEMA una reconsideración, y todavía estoy en ese proceso”, relató.
“Es un proceso que toma tiempo, por eso es que yo le estoy diciendo a FEMA que para evitar que, como mi municipio, otros municipios estén en ese proceso, pues hagamos una revisión uniforme, y así con esos costos fijos ajustados se puedan celebrar subastas un poco más cerca de los números”, agregó el también candidato al Senado por acumulación.
Para cambios en los procedimientos bajo la Ley Stafford, el Congreso pudiera intervenir, pero también algunos sectores apuntan a posibles ajustes a nive administrativo sin acción legislativa.
Lenta reconstrucción de las escuelas
Otros de los asuntos que es necesario evaluar y que Hernández le ha señalado a las autoridades federales es la lentitud en la reconstrucción de escuelas en la zona sur del país, muchas de las que resultaron impactadas no solo por los huracanes, sino por los sismos del 2020.
“Le hemos pedido a Educación que acelere el proceso de trabajar los proyectos; le hemos puesto a los municipios como recursos para adelantar esa reconstrucción, ellos no lo han permitido. Ellos tendrán sus razones. Educación no tiene la capacidad gerencial para trabajar tanto proyecto; Educación no es una agencia para eso. Segúndo, el cambio de PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica / AEE) a LUMA Energy, y darle los proyectos de reconstrucción a LUMA sin que PREPA diga cómo se van a gerenciar esos proyectos también ha sido un dolor de cabeza. Tercero, Vivienda tiene demasiadas cosas en las manos; aparte de ‘City Revitalization’; se pueden estar trabajando otros proyectos. Y así hay un sinnúmero de ejemplos de cómo este gobierno lamentablemente ha hecho una pobre ejecución, y a este momento solo tiene un 8 % (de obra permanente completada)”, consideró.
De hecho, el informe divulgado en febrero pasado por la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) sobre el uso, hasta junio de 2023, de solo 8 % de los fondos federales provistos por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para obra permanente hace referencia a este problema.
El estudio, nombrado “Desastres en Puerto Rico: progreso realizado, pero la recuperación continúa enfrentando retos”, señala y citamos: “Específicamente, beneficiarios secundarios de la subvención que recibieron fondos de FEMA a través de un proceso expedito en Puerto Rico han identificado un incremento en los costos de los proyectos que ponen en riesgo completar los trabajos en las instalaciones”.
El reporte pone como ejemplo el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el aumento de 42 % en los costos para reparar una planta de tratamiento de agua en comparación con el estimado original.
Falta de mano de obra también complica el escenario
Las autoridades en P.R. también han alertado sobre la falta de mano de obra para trabajar los proyectos y han pedido al gobierno de EE.UU. incrementar las visas H-2B para que obreros latinoamericanos migren y se unan a las labores reconstrucción de Puerto Rico.
Cifras de FEMA que citan varios medios en la isla apuntan a que se necesitaría hasta 89,000 empleados de construcción. Esta realidad retrasa aún más , según consigna también el informe de GAO.
Las estimaciones apuntan a que la isla no alcanza el 50% de la mano de obra necesaria para avanzar con los trabajos de infraestructura.
Según un reportaje de El Vocero de febrero pasado, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado, dijo que, según los datos más recientes disponibles hasta diciembre pasado, habían 37,700 empleados en el sector, un aumento de 200 desde agosto de 2023. En ese momento, se registraron 37,500 empleados.
“FEMA ha agilizado bastante la revisión de proyectos. De hecho, esa experiencia nos ha ayudado con Fiona. Fema ha hecho unos grandes ajustes. Manuel Laboy, dentro de las circunstancias, también ha hecho un gran trabajo. Yo creo que aquí es más lograr que FEMA a nivel central revise los costos mediante un mecanismo uniforme que permita que podamos traer mano de obra extranjera. Yo sé que eso es un tema que puede traer algunas controversias. Pero es una realidad, necesitamos obreros que puedan trabajar los proyectos. De lo contrario, vamos a estar aquí 20 años, y, posiblemente, perdamos muchos recursos”, añadió Hernández.
Este artículo es parte de una serie especial enfocada en el desembolso de fondos FEMA en Puerto Rico y la reconstrucción de la isla tras el huracán María; pendientes al tema de P.R. en El Diario para los próximos reportajes
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