Nueva York – Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), cuestionó que el informe de la Oficina de Contraloría General de Estados Unidos (GAO) que señala el lento uso de fondos federales provistos por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para obra permanente en la isla omita aspectos de los procesos que considera claves.
En entrevista con El Diario, el funcionario planteó que el enfoque del estudio de recuperación a largo plazo no es suficiente para entender la complejidad del panorama en Puerto Rico tras los huracanes María e Irma en el 2017.
“Nosotros creemos que es un informe incompleto, porque se enfoca en una parte de lo que ha sido la intervención de FEMA desde el 2017 a raíz de Irma y María, luego terremotos, luego COVID y Fiona. Habla de una parte en particular que es bien importante que es la recuperación a largo plazo, que son los fondos para obra permanente bajo María y terremotos, pero omite todo lo demás que ha sucedido en estos 6 años, porque, por ejemplo, cuando habla de los fondos de recuperación a largo plazo omite el dato de que todo lo que FEMA ha obligado desde el 2017 al presente realmente es un 44 %, porque la recuperación no la podemos ver de una manera aislada”, consideró Laboy.
Según el director de COR3, el reporte de GAO divulgado a mediados de febrero pasado, debió poner en contexto los esfuerzos realizados desde el proceso de respuesta a la emergencia hasta el presente.
“Primero es la emergencia, la estabilización, la respuesta; luego se va transicionando a la recuperación a largo plazo y los proyectos de mitigación. Una devastación como la de María que se complica con terremotos y Fiona ya está constatado que es una recuperación que va a durar 10 a 12, 14 años (completarla) cuando lo comparamos con el desastre de Katrina en Louisiana. Por lo tanto, aunque sí es cierto que la parte en la que se enfocó el informe habla del 8 % en ese momento en que hace la medición, omite el resto de lo que es la recuperación completa de Puerto Rico, y que el desembolso en su totalidad es 44 %”, insistió el entrevistado.
“Cuando un puertorriqueño está pensando en la reconstrucción, no piensa en los fondos de emergencia, piensa en las obras ya completadas, ¿qué es lo que pesa más en el retraso en la culminación de estos proyectos o las obras permanentes con los fondos de FEMA?”, cuestionó El Diario.
Laboy respondió: “Yo estoy de acuerdo que esa es la meta, que la obra se realice, porque eso es lo que le da beneficio a la comunidad y nos prepara para enfrentar huracanes futuros, correcto. Eso está estipulado y es la meta, pero tengo que poner en contexto que la gente piensa que lo de la obra permanente comenzó en el 2017, y dicen, ‘6 años después’, y sí, han pasado seis años, pero la realidad es que esos dineros de obra permanente no vinieron a hacerse disponibles hasta 2020, 2021, y, muchos casos, 2022. Yo creo que eso es lo más importante, y yo creo que el informe de GAO debió haber sido más contundente. Claro que nosotros queremos que estas reparaciones se hagan lo antes posible, pero si el dinero no estaba disponible, y encima de eso, estaba sujeto a reembolso, y los municipios y las agencias no tiene el dinero, esas obras nunca iban a salir”.
El director ejecutivo de COR3 defendió la labor de esa oficina e insistió en que los fondos para obra permanente en P.R. no fueron obligados hasta el 2020, lo que se sumó a otros factores como el impacto de la pandemia por COVID.
Mayor retraso en la reconstrucción fue antes del 2022, plantea Laboy
“A diciembre de 2020 solo habían 81 facilidades de obra permanente reparadas. Ya vamos por casi 3,000 instalaciones reparadas. En el 2020, solo habían 500 obras encaminadas en alguna etapa de la ejecución para que se puedan reparar; tres años después, tenemos más de 9,300, incluyendo 3,000 en construcción. Así que ciertamente esa es la meta, pero hay que poner en contexto que los primeros casi cuatro años luego de María hubo muchos retos, muchas cosas que no estaban ni siquiera en las manos del gobierno de P.R., y que nos tocó a nosotros en los últimos tres años desenredarlas, lograr que nos dieran flexibilidades y finalmente encaminar esto. Yo pienso que ya está encaminado y que el GAO debe ser más justo en resaltar que aquí sí hubo atrasos, los hubo, claro que sí, pero la mayoría fueron entre el 2017 y 2021. Los últimos tres años, especialmente desde finales del 2021 al presente, la historia es diferente”, argumentó.
La agencia que dirige Laboy es la encargada de desembolsar los fondos obligados por FEMA para proyectos a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro, como parte de los procesos de recuperación y reconstrucción. COR3 fue creada el 3 de octubre de 2017, a raíz de los huracanes Irma y María, bajo la Orden. Ejecutiva OE-2017-65.
El estudio, nombrado “Desastres en Puerto Rico: progreso realizado pero la recuperación continúa enfrentando retos”, fue realizado a pedido de líderes del Congreso de Estados Unidos.
Los investigadores de GAO recopilaron datos de distintas fuentes que incluyen empleados de la Región 2 de FEMA que corresponde a P.R., así como oficiales de agencias gubernamentales en la isla. Además, revisaron leyes relevantes y las guías del programa de Asistencia Pública de FEMA, y visitaron en marzo y julio de 2022, zonas afectadas tanto por el huracán María e Irma y los terremotos.
Hasta junio de 2023, P.R. gastó 8 % de los fondos de Asistencia Pública de FEMA
El hallazgo base del informe de 56 páginas fue que, hasta junio de 2023, las autoridades en el territorio habían gastado un 8 %, equivalente a $1,800 millones de dólares de los $23,400 millones, de los fondos de Asistencia Pública de FEMA.
“Para junio de 2023, FEMA había otorgado aproximadamente $23, 400 millones en Asistencia Pública para trabajos de recuperación permanente en Puerto Rico relacionados con los huracanes Irma y María, y los terremotos de 2019 y 2020. De esa cantidad, Puerto Rico había gastado aproximadamente $1,800 millones y queda una cantidad sustancial de trabajo permanente. Además, unos $11,300 de los fondos otorgados necesitan autorización de FEMA antes de que Puerto Rico pueda utilizarlo. Los subrecipientes en Puerto Rico planean someter solicitudes para proyectos y obtener autorización para acceder y usar los fondos restantes hasta el 2030 y posiblemente más allá”, lee parte del texto.
Impacto del proceso “alternativo” de otorgación de fondos de FEMA en Puerto Rico
El estudio reconoce que bajo el proceso alternativo de otorgación de fondos que aplica FEMA en P.R. la agencia limita las asignaciones provistas para obra permanente con base en los estimados de costos del proyecto al momento de subadjudicar.
“Como resultadoo, el subrecipiente o los subrecipientes son responsables de cualquier costo de proyecto que exceda los costos estimados acordados del proyecto. Sin embargo, si los costos actuales son menores que el costo fijo subadjudicado, el recipiente o subrecipiente puede utilizar todo o parte de los fondos en exceso para otros propósitos elegibles”, lee el informe de GAO.
El reto del aumento en los costos de construcción y la inflación
En ese sentido, el documento alerta que los proyectos enfrentan desafíos adicionales debido al alza en el costo de los proyectos debido a fenómenos como la inflación.
“Específicamente, beneficiarios secundarios de la subvención que recibieron fondos de FEMA a a través de un proceso expedito en Puerto Rico han identificado un incremento en los costos de los proyectos que ponen en riesgo completar los trabajos en las instalaciones”, indican desde la oficina.
La entidad pone como ejemplo el caso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y el aumento de 42 % en los costos para reparar una planta de tratamiento de agua en comparación con el estimado original.
“Bajo el procedimiento expedito, estos incrementos en costos son de preocupación porque la otorgación a un subrecipiente actúa como un presupuesto fijo para completar proyectos en sus distintas instalaciones. Por consiguiente, el incremento en costos de un Proyecto podría reducir excesivamente el presupuesto establecido para completar proyectos más adelante”, reconoce la evaluación.
El reporte también menciona la información provista por oficiales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que señalaron que las interrupciones en la cadena de suministro global han incrementado a su vez el tiempo de entrega de algunos materiales de construcción de 6 a 10 meses a 24 a 36 meses.
En cuanto a esa corporación en particular, el texto añade que el proyecto para la planta generatriz de San Juan había sido estimado inicialmente en $9 millones. Sin embargo, el estimado más actualizado de costos disponible ascendía a $12 millones.
En el caso de la Administración de Vivienda Pública (AVP), funcionarios manifestaron que, con base en sus propias proyecciones, la agencia excederá el costo total estimado de todos sus proyectos.
Crítico que FEMA actúe en “ajuste por inflación”
Sobre esta realidad, Laboy dijo que es “crítico” que FEMA atienda el asunto antes que sea demasiado tarde.
“Eso es bien crítico. Ya yo he ido al Congreso por los últimos dos años y medio levantando la voz de alerta, y se lo he presentado a FEMA en varios informes, y en varias reuniones, y le hemos dicho que al paso que vamos…la realidad es que no va a ser suficiente para cubrir todas las facilidades porque la inflación es mucho más rampante a lo que FEMA estimó hace cuatro años atrás. Esta inflación que estamos viviendo más significativamente en P.R. por varias razones, guerras, COVID, y que P.R. importa casi todos los materiales para la reconstrucción, lo que ha provocado es que los costos hayan subido, y entonces tienes subastas en los municipios que llegan desiertas, no llegan los contratistas, y tienen que hacer dos y tres veces la subasta hasta que lleguen dos o tres contratistas y pueden adjudicar los contratos. El riesgo que tenemos es que no vamos a cubrir todas las facilidades que fue lo que levantó Acueductos en el informe del GAO”, argumentó.
Laboy confirmó que este problema ha llevado a que no lleguen contratistas a las subastas que se realizan en los municipios para proyectos de reconstrucción.
El entrevistado no descartó que, debido no solo a lo anterior, el proceso se podría retrasar más ante el hecho de que muchos de los proyectos son a gran escala.
“Ya le hemos planteado a FEMA y al gobierno federal que esto es una situación que hay que atender ahora, no en cinco años, ahora, porque de aquí a cinco años va a ser muy tarde”, advirtió.
El director de COR3 dijo que, al momento, no hay compromiso de la agencia federal en hacer un ajuste por inflación que es por lo que están presionando varios sectores, incluyendo congresistas como el representante demócrata de Nueva York, Ritchie Torres.
“Yo creo que esto ha sido progresivo. Primero no había apertura y ahora hay una mejor apertura, y los diálogos son un poco más productivos. Yo te diría que lo próximo es definir un ajuste por inflación que sea justo y razonable para el gobierno federal y el de P.R. Cuál va a ser ese número o ajuste, es lo que hay que negociar. Pero, primero, yo necesito que FEMA acepte que hay que hacer esa negociación. Hasta ahora ellos no están ahí; ellos están evaluando la información. Han mostrador mayor apertura, te tengo que decir, antes no querían ni hablar de este tema. Hay que llevar esto a un punto en que provoque negociar un por ciento de ajuste, el que sea que tengamos que negociar para que estemos en una mejor posición de poder cubrir con este dinero todas las facilidades”, expuso.
Torres es uno de los que ha propuesto a FEMA autorizar ‘procedimientos alternativos’ para el Programa de Asistencia Pública a través de la Sección 428 de la Ley Stafford. Laboy, por su parte, no mencionó una solución específica, pero insistió en que no hay necesidad de enmendar dicho estatuto para incrementar los fondos en la isla acorde con la inflación.
“Eso es debatible. Nosotros creemos que no hay que enmendar la ley o una acción congresional. Creemos que FEMA tiene la autoridad para hacerlo… Eso es parte de lo que estamos dialogando para definir los próximos pasos”, anticipó.
El reto de la necesidad de mano de obra
Sobre la falta de mano de obra, otro impedimento para avanzar en la reconstrucción, Laboy mencionó que la Administración que representa trabaja en conjunto con autoridades en Washington D.C., incluyendo la Casa Blanca, para atajar el problema.
“¿Qué está en nuestras manos?, pues nosotros estamos desarrollando programas de desarrollo laboral para que personas puedan readiestrarse en P.R. para que se inserten en el sector de la construcción…Segundo, se están haciendo gestiones para que escuelas vocacionales del Departamento de Educación puedan graduar más estudiantes en electricidad, trabajos civiles, entre otros, y que entonces el sector privado los pueda contratar tan pronto se gradúen de la escuela vocacional. Tercero, el Departamento de Trabajo de P.R. tiene unas campañas agresivas de que la gente se motive a trabajar, ferias de empleo, de reclutamiento…”, enumeró.
La importancia de Working Capital Advance (WCA)
Sobre medidas tomadas por su oficina para agilizar el desembolso de dinero, Laboy destacó el programa Working Capital Advance (WCA), que también es mencionado en el informe.
La iniciativa, sobre la que se anunció una extensión adicional a principios de este año, fue lanzada en el verano del 2022. Mediante WCA, las distintas entidades que reciben fondos de asistencia pública pueden solicitar por adelantado hasta un 75% de los fondos adjudicados por FEMA para iniciar los proyectos.
Desde junio de 2022 hasta diciembre de 2023, los subrecipientes han recibido por adelantado $1,652 millones. $1,395 millones fueron distribuidos entre la AAA, el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En el caso de municipios, a 66 de estas demarcaciones se le han adelantado $183.6 millones, mientras que a las organizaciones sin fines de lucro, $72.5 millones.
“El programa de obra permanente es reembolso; pero afortunadamente con lo cambios en el verano de 2022, ahora FEMA nos permite adelantar hasta un 75 %. El informe de GAO llega hasta el verano del 2023, o sea que cubrió solo un año de ese importante programa”, matizó el funcionario.
¿COR3 es más burocracia?
En ese sentido, Laboy rechazó que la intervención del COR 3 implique más burocracia en los procesos.
“El tema de obligar dinero es FEMA, no somos nosotros. Nosotros manejamos los desembolsos. Y si no iba a ser COR 3 el que lo manejaba, iba a ser FEMA. Así que es mejor que esté en las manos del gobierno de Puerto Rico. Y tercero, rompimos el paradigma en el verano del 2022 porque ahora estamos adelantando dinero, hasta el 75 % del dinero de obra permanente, y tenemos municipios que ya han gastado el primer 25 % y van por el segundo, porque lo hacemos en tres partes. Así que el tema del reembolso ya lo resolvimos, ya que en el verano del 2002, FEMA nos autorizó a adelantar dinero en un programa de reembolso. Nosotros no añadimos burocracia en lo absoluto. Al contrario, nosotros ayudamos a los municipios y a las agencias a tener las herramientas para navegar lo que de por sí es un proceso bien tedioso”, sostuvo.
Otro punto mencionado en el documento de GAO que Laboy destacó como positivo y de avance son los resultados de las revisiones de pagos impropios de gastos de subvención a través del programa “Validate As You Go”.
En resumen, la exposición plantea que los esfuerzos de monitoreo por parte del gobierno federal han ayudado a P.R. en su capacidad de gestionar fondos de recuperación y reconstrucción desde los huracanes del 2017.
“Por ejemplo, para el año fiscal 2020, FEMA encontró que los potenciales pagos impropios en Puerto Rico cayeron por debajo de la cantidad considerada significativa por ley”, lee el informe.
El texto añade y citamos: “En respuesta a las revisiones de cumplimiento de FEMA, Puerto Rico tomó varias acciones para mejorar la administración de los fondos de subvención y cumplimiento de leyes federales así como regulaciones, políticas y estándares. Por ejemplo, COR3 desarrolló protocolos para revisar y rastrear el cumplimiento de los subrecipientes con requisitos de reportes federales, actualizó su guía para el manejo de fondos federales de recuperación por desastres, y desarrolló procedimientos para monitorear el uso de los fondos federales por parte de los subrecipientes, entre otras cosas”.
A juicio de Laboy, lo anterior es lo que ha llevado a que FEMA conceda mayor flexibilidad para el desembolso de fondos a través de iniciativas como WCA.
“Eso es lo que nos ha permitido a nosotros ganar más flexibilidad estos últimos tres años. Le estamos demostrando al gobierno federal que sabemos usar los fondos y lo estamos haciendo correctamente”, esbozó.
El informe de GAO no especifica cuáles serían las herramientas o las vías para agilizar la distribución de los fondos para obra permanente. Sin embargo, en un apartado señala que en un trabajo previo le dio dos recomendaciones a FEMA relacionadas con el manejo de riesgos para el resto de la recuperación que todavía merece atención. FEMA concurrió con las recomendaciones y diseñó un plan de manejo de riesgos que aún no finaliza, agrega el documento.
Este artículo es parte de una serie especial enfocada en el desembolso de fondos FEMA en Puerto Rico y la reconstrucción de la isla tras el huracán María; pendientes al tema de P.R. en El Diario para los próximos reportajes
