El mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy negó haber ejercido conductas inapropiadas contra la joven Perla Jokasta Santos Pacheco y afirmó mantener amistad con su padre, Iván Santos. Mientras era trasladado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el oficial rechazó las declaraciones ofrecidas por la madre de la joven, Line Pacheco, quien lo señaló públicamente.
“Eso es negativo”, expresó Mesa Arismendy al ser consultado sobre el señalamiento, momentos antes de que la audiencia de medida de coerción fuera aplazada este martes.
La Fiscalía del Distrito Nacional le atribuye responsabilidad penal por un hecho que resultó en que la joven de 19 años perdiera la vida en la avenida Francisco del Rosario Sánchez. Según el Ministerio Público, el militar tenía conocimiento pleno de la ilegalidad de su acción y utilizó su arma de reglamento sin que existiera causa justificada.
El suceso ocurrió cuando la joven se desplazaba en motocicleta junto a una prima y un amigo, con destino a una estación de combustible en la avenida Padre Castellanos, ensanche Luperón. A corta distancia, otros dos conocidos de Perla, uno de ellos menor de edad, se trasladaban en otro vehículo de dos ruedas cuando escucharon el disparo que marcó el trágico episodio.
Un testigo clave indicó que el militar continuó su trayecto con el arma en la mano, aportando registros audiovisuales donde se observa su desplazamiento en la dirección del hecho. Posteriormente, un familiar del imputado entregó un vehículo Kia Sorento en cuyo interior fueron encontradas las prendas que vestía el oficial, coincidentes con imágenes captadas por cámaras de seguridad.
La madre de la joven sostiene que no existió intento de despojo alguno y que el oficial mantenía un comportamiento persistente hacia su hija, información conocida durante las honras fúnebres. Una amiga cercana de Perla proporcionó el testimonio que Line Pacheco compartió públicamente, señalando la conducta reiterada del oficial hacia la joven antes de los hechos ocurridos en la zona.
En contraste, Mesa Arismendy argumenta que actuó como respuesta ante una supuesta situación de riesgo, versión que según el Ministerio Público carece de sustento o evidencia verificable.
Las autoridades lo acusan de transgredir los artículos 295 y 304 del Código Penal, que contemplan sanciones de hasta 30 años de prisión para acciones voluntarias de extrema gravedad.
La defensa solicitó el aplazamiento de la audiencia con el objetivo de preparar sus planteamientos y pidió que una menor presente durante el hecho sea escuchada bajo protocolo especializado. La solicitud de medida de coerción fue presentada por el Departamento de Delitos de Atentado contra la Existencia y la Dirección Técnica de la Fiscalía, encabezada por Kelvyn Colón, ante la Oficina Judicial de Atención Permanente.
De manera oficial, la audiencia fue reprogramada para el 6 de enero, fecha en la que el tribunal deberá decidir si impone prisión preventiva al oficial imputado.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**