WASHINGTON D.C. – Melitón Cordero, agente especial supervisor de la DEA en Santo Domingo, fue arrestado y enfrenta cargos federales por su presunta participación en un esquema de incentivos indebidos y gestión irregular de documentos migratorios.
La Fiscalía federal, encabezada por Jeanine Ferris Pirro, presentó formalmente las acusaciones ante un Tribunal de Distrito de Estados Unidos contra el funcionario de 47 años. Cordero es imputado por conspiración para cometer incentivos indebidos y manejo inapropiado de solicitudes migratorias.
Según la documentación judicial, el supervisor habría utilizado su posición para favorecer a determinadas personas a cambio de beneficios económicos, actuando en contradicción con sus responsabilidades oficiales. La fiscal Pirro destacó que a Cordero «se le había confiado el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación oficial en el exterior dominicano», y que ahora se le acusa de «haber incumplido obligaciones legales y malversado esta confianza especial depositada en él por el gobierno estadounidense».
El expediente detalla que Cordero llevaba seis años asignado a la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana cuando ocurrieron los hechos investigados. Durante ese período, habría recibido pagos en efectivo para facilitar visas de no inmigrante mediante trámites acelerados, interviniendo directamente en procesos consulares.
En un incidente documentado, el acusado se reunió con un ciudadano extranjero para entregarle personalmente un pasaporte con visa lista para viajar, presuntamente a cambio de dinero. En total, habría agilizado al menos 119 solicitudes de visas, una de ellas calificada como irregular por las autoridades investigadoras.
Además, Cordero orientaba a los solicitantes sobre cómo presentarse ante los funcionarios consulares para aumentar las probabilidades de aprobación de sus visas temporales.
Terrance Cole, administrador de la agencia federal, afirmó que «las acciones atribuidas al funcionario no representan a los miles de profesionales en servicio», subrayando el «compromiso institucional con la integridad, la transparencia y el respeto al estado de derecho».
La investigación está a cargo conjuntamente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark y Santo Domingo, con participación del Servicio de Seguridad Diplomática, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la dependencia federal afectada. La Fiscalía del Distrito de Columbia dirige el proceso judicial.
Como consecuencia del caso, la embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó el cierre temporal de la oficina operativa en Santo Domingo. Según Associated Press, la decisión está relacionada con el arresto del supervisor por el presunto uso irregular de un programa de visados.
La continuidad de las funciones federales afectadas queda sujeta a la reorganización que definan las autoridades estadounidenses en las próximas semanas, mientras avanza el caso penal.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**