La Fiscalía federal en Estados Unidos prepara discretamente una acusación penal contra Delcy Rodríguez por corrupción y blanqueo de dinero, según una exclusiva de Reuters. Dicho movimiento convierte el frente judicial en una pieza más de la presión política de la Administración Trump sobre la … nueva etapa venezolana. Esta agencia de información sostiene que el Departamento de Justicia trabaja en el escrito de cargos con el respaldo del presidente y que la acusación puede funcionar como palanca para condicionar decisiones en Caracas.
Ese giro no nace de la nada. Associated Press (AP) publicó en enero que Rodríguez lleva años en el radar de la DEA (agencia antidroga) y que en 2022 fue catalogada como «objetivo prioritario», una etiqueta interna reservada para sospechosos considerados de alto impacto en el narcotráfico. AP sostiene que la agencia acumuló un expediente de inteligencia desde al menos 2018, con asociados y alegaciones que van desde tráfico de drogas hasta contrabando de oro, y que su nombre aparece en casi una docena de investigaciones de la DEA, algunas aún abiertas, repartidas entre oficinas en Estados Unidos y en el exterior.
Según AP, un confidente llegó a señalar en 2021 que hoteles en Isla Margarita se usaban «como frente» para lavar dinero, y la pieza vincula a Rodríguez en distintas líneas de interés, incluida su proximidad al empresario Alex Saab, figura central en el entramado de negocios del chavismo y durante años foco de investigaciones estadounidenses. Al mismo tiempo, AP subraya un punto relevante: el Gobierno estadounidense no la ha acusado públicamente de delitos y, pese a estar en el núcleo del poder, no figura entre los funcionarios venezolanos ya imputados en causas de narcotráfico asociadas al entorno de Maduro.
Estrategia de escalada jurídica
En ese contexto, la información de Reuters sobre una acusación por corrupción y lavado encaja con una estrategia de escalada jurídica: de los informes de inteligencia y pesquisas de agencia a la preparación de cargos listos para tribunal. La clave es el «cuándo» y el «para qué». Reuters sugiere que el expediente penal puede reforzar la capacidad de presión de Trump en un momento en que Washington busca moldear el escenario posterior a Maduro y condicionar a la dirigente que quedó al frente.
ABC publicó el mes pasado un amplio reportaje sobre el círculo económico de Rodríguez según un informe manejado por la DEA. Dicha agencia dispone de documentación sobre los negocios millonarios del entorno de la dirigente y su pareja, el empresario libanés Yussef Abou Nassif, con contratos estatales que se disparan durante los años más duros de la crisis venezolana. El informe describe estructuras societarias en el extranjero y operativas comerciales asociadas a contratos públicos, además de señalar sospechas de vínculos con organizaciones como Hizbolá o Hamás, aclarando que se trataba de acusaciones sin pruebas concluyentes. La presidenta encargada de Venezuela ha demandado a ABC para rectificar estas informaciones.
La convergencia de esas tres líneas —Reuters sobre la preparación de una acusación, AP sobre el historial de interés de la DEA y ABC sobre el informe que detalla nombres, negocios y cifras en el círculo íntimo— dibuja una misma lógica: la Administración dispone de un instrumento de presión sobre la presidenta encargada. No hace falta que exista una condena para que exista presión. Basta con la amenaza creíble de un escrito de acusación, con el coste personal que implica para una dirigente en ejercicio: limitaciones de viaje, exposición financiera, riesgo de detención fuera de su país y, sobre todo, el mensaje a su entorno de que la nueva fase venezolana también se juega en un tribunal federal.
Preparación «silenciosa»
En términos prácticos, el mensaje es doble. Para Caracas, el margen de maniobra de Rodríguez puede quedar condicionado por una amenaza judicial de la que Trump está al tanto y que se activa o se congela según evolucione la relación con Washington, tal y como apunta Reuters. Para el resto del chavismo, es una advertencia: el cambio de equilibrio no se limita a sanciones administrativas, sino que puede traducirse en causas penales con nombres y apellidos.
Y, sin embargo, el punto decisivo sigue siendo el mismo que AP remarca: el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado públicamente cargos contra Rodríguez. Reuters habla de una preparación «silenciosa». Es decir, un proceso todavía en construcción, con valor político precisamente por su ambigüedad: lo suficientemente avanzado para ejercer presión, lo bastante opaco para dosificar su uso.
Esta causa se instruiría en Miami, según ha podido saber ABC. La macrocausa por la que se ha juzgado a Maduro y a su esposa Cilia Flores se desarrolla en Nueva York, donde ya se ha declarado culpable Hugo ‘el Pollo’ Carvajal. La eventual acusación contra Rodríguez abriría un nuevo frente judicial en paralelo a ese proceso mayor, ampliando el alcance de la ofensiva legal estadounidense contra la cúpula del poder venezolano.