La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, quien recientemente ha obtenido un triunfo legal contra 25 empresas que ofrecían préstamos con tasas de interés escandalosas a pequeños comerciantes, reafirmó durante una mesa redonda con medios étnicos, el llamado a la comunidad inmigrante a no temer denunciar cualquier tipo de abuso, fraude, especulación o discriminación.
Subrayó que para la tramitación de las denuncias, “nadie en su oficina consulta sobre su estatus legal en el país”.
“Entendemos que vivimos momentos de horror por la escalada de persecución a nuestra comunidades. No podemos permitir que estas amenazas afecten su vida. Recordamos que cualquier neoyorquino que sufra un abuso laboral, una estafa, un fraude de cualquier tipo, o intimidación por parte de su casero, no debe tener miedo de acudir a la fiscalía”, indicó James.
La fiscal neoyorquina informó que más de 1,100 pequeñas empresas en Nueva York se vieron afectadas por los préstamos abusivos de la corporación Yellowstone y recibirán alivio de la deuda. Estos negocios incluyen camiones de comida, peluquerías y una sastrería.
Por citar un ejemplo, City Bakery, un servicio de catering y panadería en Manhattan, se vio obligado a cerrar después de que los préstamos abusivos de Yellowstone atraparon al negocio en un ciclo de deudas.
Cuando el propietario no pudo obtener un préstamo comercial tradicional de un banco, recurrió a Yellowstone para obtener adelantos en efectivo comerciales a partir de 2017. Las exorbitantes tasas de interés y los términos de pago, finalmente llevaron al cierre de City Bakery después de casi 30 años en el negocio.
Antes de cerrar, la panadería, que empleaba entre 30 y 50 empleados a tiempo completo, tuvo que pagar más de 2,000 dólares al día a Yellowstone.
“Se llenaron los bolsillos a expensas de las pequeñas empresas vulnerables, que acudieron a ellos en busca de ayuda. Sus préstamos abusivos obligaron a empresas exitosas a cerrar y dejaron sin trabajo a los neoyorquinos. Mi oficina ha puesto fin a estos préstamos abusivos y ha asegurado más de $534 millones en alivio de deuda para empresas que se vieron perjudicadas, ayudándolas a permanecer abiertas y continuar prosperando como el motor de nuestra economía”, aseveró.
Préstamos disfrazados
Estos préstamos se disfrazaron de adelantos en efectivo para comerciantes, una forma cada vez más frecuente de financiación a corto plazo y con altos intereses para las pequeñas empresas. En particular, para aquellas que no pueden obtener préstamos de los bancos tradicionales.
En un adelanto de efectivo comercial típico, una empresa recibe una suma global, a cambio de una parte de sus ingresos a lo largo del tiempo.
En este caso, Yellowstone y los otros perpetradores del esquema, utilizaron contratos que describían fraudulentamente cada transacción, como una compra de una parte de los ingresos futuros de una pequeña empresa, con montos de pago flexibles y términos indefinidos.
En realidad, los prestamistas cobraban cantidades fijas directamente de las cuentas bancarias de las pequeñas empresas, todos los días, durante cortos períodos de pago que a menudo duraban solo 60 o 90 días.
Esta investigación la inició la fiscalía en 2024 y finalmente logró hacer justicia y detener el esquema fraudulento el pasado mes de enero.
“Tienen protecciones”
James destaca que este es solo un ejemplo de las dinámicas de estafas que ningún neoyorquino, independientemente de su estatus legal en el país, debe tolerar.
“Estamos trabajando en varios frentes para reforzar la protección de los derechos civiles y constitucionales de las comunidades inmigrantes que son nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestra familia. En medio de este clima de tantas hostilidades protagonizadas por el gobierno federal que podrían despertar pánico de acercarse a las autoridades”, destacó la funcionaria.
La titular de la fiscalía general asegura que su despacho está acompañando al alcalde Zohram Mamdani en todas sus esfuerzos por proteger el estatuto legal de la Gran Manzana como ciudad santuario, al igual que está de lado de organizaciones civiles que promueven anteproyectos en la Legislatura Estatal para generar nuevas capas de protección a las comunidades inmigrantes.
Asimismo, James encabeza una coalición de otros 21 fiscales generales para denunciar el último intento del Departamento de Justicia (DOJ) de coaccionar al estado de Minnesota.
En una carta dirigida a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la fiscal general James y esta coalición condenan el intento de la administración Trump de aprovechar el reciente caos en Minnesota, para presionar a los líderes estatales a entregar datos confidenciales de los residentes y desmantelar políticas de seguridad pública de larga data.
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