EL SEGUNDO, California — El fiscal general de California, Rob Bonta, quien lidera una coalición de 20 fiscales generales, incluyendo a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el lunes una demanda que impugna la exigencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de que los estados entreguen información personal y confidencial sobre millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
El USDA ha sugerido que podría retener la financiación administrativa del programa si los estados incumplen, lo que obliga a los estados a elegir entre proteger la privacidad de sus residentes y brindar asistencia nutricional esencial a quienes la necesitan.
California recibe aproximadamente mil millones de dólares al año para administrar el programa. En una demanda presentada el lunes ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Bonta y la coalición argumentan que esta exigencia viola múltiples leyes federales de privacidad y la Constitución de los Estados Unidos.
“El presidente Trump continúa utilizando la información personal privada y confidencial como arma, no para erradicar el fraude, sino para crear una cultura de miedo donde las personas se resisten a solicitar servicios esenciales”, declaró Bonta en un comunicado. Hablamos de niños que no reciben almuerzo escolar; víctimas de incendios que no tienen acceso a servicios de emergencia; y otras consecuencias devastadoras y mortales.
“Estamos demandando a la administración Trump por sus exigencias ilegales de que los estados entreguen datos personales confidenciales de los beneficiarios del SNAP.
“Esta exigencia sin precedentes viola todo tipo de leyes estatales y federales sobre privacidad y rompe la confianza entre el gobierno federal y las personas a las que sirve”, se lee en un mensaje en redes sociales del fiscal Bonta.
We’re suing the Trump Admin over its illegal demands that states hand over sensitive personal data of SNAP recipients.
This unprecedented demand violates all kinds of state and federal privacy laws and breaks the trust between the federal govt and the people it serves. pic.twitter.com/IYVhR2vAXI
— Rob Bonta (@AGRobBonta) July 28, 2025
SNAP es un programa financiado por el gobierno federal y administrado por los estados que proporciona miles de millones de dólares en asistencia alimentaria a decenas de millones de familias de bajos ingresos en todo el país.
Los solicitantes proporcionan su información privada con el compromiso, respaldado por leyes estatales y federales de larga data, de que su información no se utilizará para fines no relacionados.
Bonta y James lideran a los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, el Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Washington y Wisconsin en la presentación de la demanda.
El presidente Donald Trump promulgó la Ley One Big Beautiful Bill, que incluye recortes a los beneficios de SNAP, el 4 de julio.
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