La fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabezó este lunes una coalición de 18 fiscales generales que solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos mantener las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 inmigrantes haitianos, luego de que la administración del presidente Donald Trump pidiera cancelarlo.
La coalición solicita al Supremo que mantenga en vigor la orden del tribunal inferior que impide a la administración terminar el TPS para los más de 350,000 haitianos afectados.
En un escrito amicus presentado ante el alto tribunal, los fiscales argumentan que la terminación del TPS pondría en riesgo la salud pública, la seguridad y las economías locales, además de desestabilizar a cientos de miles de familias en todo el país.
La solicitud se produce después de que un tribunal inferior determinara que el intento del gobierno de cancelar estas protecciones violó la ley. Sin embargo, la administración Trump pidió la semana pasada la Corte Suprema que suspenda esa decisión para poder finalizar el estatus legal de los beneficiarios.
James afirmó en un comunicado que la administración Trump “busca enviar a miles de inmigrantes trabajadores de regreso a un país que enfrenta violencia e inestabilidad extraordinarias. Insto a la Corte Suprema a hacer lo correcto y proteger a estas familias de ser separadas innecesariamente”.
El TPS fue otorgado a ciudadanos haitianos tras el devastador terremoto de 2010, debido a las condiciones inseguras y la inestabilidad política en Haití. Desde entonces, el gobierno federal ha extendido repetidamente estas protecciones, en medio de una crisis humanitaria que, según la coalición, ha persistido y empeorado en los últimos años.
No obstante, la administración Trump argumenta que la situación en el país ya ha mejorado.
Las familias haitianas
De acuerdo con el escrito presentado, poner fin al TPS afectaría a cientos de miles de familias, incluidas más de 200,000 personas ciudadanas estadounidenses que viven con un familiar haitiano con TPS. Entre ellas, aproximadamente 87,000 niños.
Los fiscales advierten que revocar el estatus legal colocaría a estas familias en una situación imposible: los padres con TPS podrían verse obligados a elegir entre regresar solos a Haití, llevar a sus familias a un país inseguro o permanecer en Estados Unidos sin estatus legal, bajo el temor constante de separación y deportación.
La coalición también sostiene que la eliminación del TPS tendría consecuencias económicas significativas. En Nueva York, al menos 56,000 haitianos cuentan actualmente con TPS y desempeñan roles esenciales en sectores como salud, educación y construcción.
La pérdida de sus permisos de trabajo afectaría a empleadores y economías locales, sotienen los fiscales.
Según el comunicado, los beneficiarios del TPS haitiano aportan más de $140 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en Nueva York, y contribuyen con más de $800 millones de dólares a la economía del estado.
Junto a James, firmaron el escrito los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nevada, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.
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