Recientemente, Instacart, la popular empresa de aplicaciones de reparto de productos de alimentación y otras compras, se enfrentó a una fuerte reacción pública después de que un informe revelara que estaba utilizando en secreto los datos de los consumidores para cobrar a algunos clientes más que a otros por los mismos artículos, lo que provocó un cambio en su política.
Ahora, la fiscal general del estado, Letitia James, y destacados legisladores demócratas quieren actuar contra aquellas empresas que utilizan algoritmos y datos personales para fijar precios individualizados para productos de alimentación, medicamentos y pañales, y prohibir una práctica conocida como “fijación de precios basada en la vigilancia”.
“El último ejemplo de explotación”, afirmó James durante una rueda de prensa celebrada el lunes en Albany.
El año pasado, un informe explosivo reveló que las personas que compraban con cuentas distintas de Instacart podían pagar precios diferentes por los mismos artículos.
Utilizando datos personales como el historial de navegación, la ubicación o el salario, Instacart cobraba precios individualizados por los artículos sin que los clientes lo supieran, según una investigación realizada por varias organizaciones sin ánimo de lucro.
“Los experimentos de precios de Instacart dieron lugar a que a algunos compradores se les cobrara hasta un 23 % más por productos de alimentación, siendo exactamente el mismo artículo de la misma tienda y en el mismo momento. Para una familia de cuatro miembros, eso podría significar pagar más de 1200 dólares al año solo por servir de conejillo de indias para Instacart”, afirmó Elizabeth Pancotti, de Groundwork Collective, en referencia a una de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajó en el informe.
La investigación provocó una disculpa y la retirada de la política por parte de Instacart.
Pero ahora, James y los principales legisladores de Nueva York quieren prohibir esta práctica mediante un paquete de proyectos de ley.
Se denomina “fijación de precios basada en la vigilancia”, que se define como aquella práctica en la que las empresas fijan los precios basándose en datos personales, según ha informado la oficina de James.
Se diferencia de la “fijación de precios dinámica”, conocida como las prácticas de aumento de precios utilizadas por Uber, que probablemente no quedarían contempladas en la legislación propuesta, según la oficina de James.
“Yo lo llamo fijación de precios predatoria. Y es hora de que tomemos medidas contra esta práctica deshonesta, ya que los neoyorquinos siguen sufriendo una crisis de asequibilidad”, afirmó James.
Un proyecto de ley prohíbe los algoritmos y exige una declaración en la que se detalle cómo se fijan los precios.
El otro establece que las tiendas físicas no pueden utilizar etiquetas de precios digitales que puedan cambiar desde el momento en que un comprador retira un artículo de la estantería hasta que paga en caja.
“Walmart anunció a principios de este mes que este año ampliará el uso de las etiquetas de precios digitales a todas sus tiendas de Estados Unidos. Estas etiquetas electrónicas permiten a los gigantes minoristas cambiar el precio de los productos alimenticios en un abrir y cerrar de ojos”, señaló Pancotti.
Pero los detractores afirman que los neoyorquinos se verían perjudicados por la falta de ofertas de precios “inteligentes”.
“Los neoyorquinos están, con razón, hartos de los altos precios de los productos básicos cotidianos, pero este proyecto de ley culpa a la causa equivocada y empeoraría el coste de la vida”, escribió en un comunicado el grupo de política tecnológica Chamber of Progress, añadiendo: “Propuestas como esta amenazan precisamente las herramientas, como los cupones específicos y las recompensas por fidelidad, que ayudan a las familias a permitirse la compra y otros productos básicos”.
“Ofrecer descuentos por compras frecuentes y cosas por el estilo estaría permitido, pero en el momento en que consultan tus datos personales para calcular qué precio pueden cobrarte en comparación con el resto de clientes que compran allí, ahí es cuando se convierte en un problema”, añadió Gianaris.
Los sindicatos también se han sumado a la iniciativa, argumentando que protege los puestos de trabajo de los empleados de los supermercados.
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