El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, ponderó ayer el anteproyecto sobre Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales preparado por la Comisión Consultiva para Libertad de Expresión, (CCLEX), creada mediante decreto número 333-22.
En un comunicado de prensa, indica que para la Finjus la libertad de expresión es un derecho que encarna aspectos esenciales para la vida de las sociedades democráticas. En virtud de ello, agrega nadie puede ser molestado ni perseguido a causa de sus opiniones. Por consiguiente, es la base de los deberes gubernamentales de transparencia, responsabilidad y respeto en la actuación de la gestión pública y el trato de la información.
“El anteproyecto de ley diseñado por la CCLEX presenta una estructura lógica que es cónsona con la exigente realidad dominicana”, indica el comunicado. Señala que la propuesta contiene una redacción que no da lugar a ambigüedades, lo cual es de notoria importancia cuando se trata de esta libertad, e integra conceptualizaciones que, si bien buscan establecer un marco legal efectivo, se plantean respetando los límites que el derecho a la libre expresión del pensamiento e información conjuga.
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“Resaltamos muy positivamente el capítulo II del cuerpo normativo, pues recoge una amplia gama de principios que influyen en la promoción de la diversidad de los medios y la protección de la integridad física de las personas. Asimismo, señala la relevancia del debido proceso como principio rector para la interpretación, aplicación e integración de las normas civiles, procesales y penales. Si bien es un derecho del cual depende toda una cadena de libertades, hay que señalar que, con manejada exactitud, el anteproyecto deja claro que esta no es una libertad absoluta por sobre las demás”.
Según dijo el documento, destaca el respeto, y con ello la limitación que su ejercicio implica frente a otros derechos como el honor, la intimidad, la dignidad y la moral de las personas y, de manera especial, de la juventud y la infancia.
Sobre este último aspecto, el jurista expresó su satisfacción, pues los avances tecnológicos de los medios comunicativos implican la rápida multiplicación de las amenazas para los niños, niñas y adolescentes.
Destacó el énfasis que se otorga, a lo largo del cuerpo del anteproyecto, a las fuentes de información, en función de su relevancia pública o privada, criterio que posee gran importancia para la preservación y respeto de la libertad de expresión y para su ejercicio, goce y disfrute pleno.
También resaltó la inclusión de la figura de la desindexación que, en conjunto con otras más, operan bajo criterios claros y estrictamente reglamentados.
