Una jueza federal del sur de Florida rechazó el intento de la administración Trump para pausar el desmantelamiento del centro de detención conocido como ‘Alcatraz de los Caimanes’ mientras apelan una orden inicial. La jueza del Distrito de Miami, Kathleen Williams, designada por el presidente Barack Obama, denegó el miércoles la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de suspender su orden de la semana pasada, que prohíbe a la instalación admitir nuevos detenidos y exige desmantelar partes de ella en 60 días.
Mientras tanto, la instalación situada en los Everglades —que albergaba hasta 2.000 detenidos y estaba en proceso de expansión para acoger hasta 4.000— está siendo evacuada, según una fuente del DHS. La población actual de detenidos es de solo 100, indicó la fuente.
Abogados del DHS solicitaron una suspensión de la orden de Williams mientras apelan, argumentando que la jueza interfirió ilegalmente con la prerrogativa de la administración para combatir la inmigración ilegal. Pero Williams reiteró sus hallazgos del fallo anterior, señalando que el gobierno federal no proporcionó ‘nuevas evidencias o argumentos sobre la peligrosidad particular de la población de detenidos… o la necesidad de una instalación de detención en esta ubicación específica’.
Su fallo añadió que ‘los objetivos de aplicación de inmigración no se verán frustrados por una pausa en las operaciones’.
Grupos ambientalistas y de derechos civiles, así como la tribu local Miccosukee, han presentado varias demandas para cerrar el centro de detención, alegando que los funcionarios omitieron una revisión requerida de los impactos ambientales en los humedales circundantes, especies en peligro y en el suministro de agua y alimentos de la tribu. Las demandas también afirmaron que la instalación podría deshacer miles de millones de dólares en trabajos de restauración ambiental.
Un abogado de la administración del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, argumentó que ‘Alcatraz de los Caimanes’ era un proyecto estatal y, por tanto, no sujeto a las leyes federales de revisión ambiental. Williams determinó que el gobierno violó la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) al omitir el proceso de revisión y ordenó detener la admisión de nuevos detenidos y la remoción de cercas, iluminación, conexiones de gas, generadores, aguas residuales y desechos en 60 días.
También previamente ordenó al gobierno federal detener la construcción que habría expandido la instalación y permitido duplicar la población. ‘El Tribunal describió evidencias sustanciales proporcionadas por los demandantes de varios tipos de daños irreparables continuos y probables futuros del proyecto, incluso a los humedales circundantes, especies en peligro y aquellos que viven, recrean, investigan y trabajan para preservar el área’, escribió Williams el miércoles, refiriéndose a su decisión de una semana anterior.
El sitio —ubicado en un aeropuerto abandonado dentro del parque nacional— abrió el 1 de julio después de solo ocho días de construcción, tras DeSantis ejercer sus poderes de emergencia. Durante una conferencia de prensa el miércoles, DeSantis declaró: ‘Obviamente, hay litigios en curso en los que el DHS es parte y eso puede influir en dónde envían personas. Pero estamos listos para ayudar, queremos continuar ayudando, debemos continuar con esta misión, es importante y finalmente será beneficioso para el estado de Florida’.
Un funcionario del DHS dijo el jueves que la agencia estaba ‘cumpliendo’ con la orden y reubicando detenidos en otras instalaciones, pero criticó a Williams como una ‘jueza activista’. Su orden ‘es otro intento más para evitar que el presidente cumpla con el mandato del pueblo estadounidense de eliminar a lo peor de lo peor —incluyendo pandilleros, asesinos, pedófilos, terroristas y violadores de nuestro país’, afirmó la persona.
Abogados de los demandantes no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**