Familiares y amigos comenzaron el jueves a enterrar a sus seres queridos que se encuentran entre los al menos 16 muertos en el colapso de una mina operada ilegalmente en una zona remota del sureste de Venezuela.
Los funerales se producen en momentos en que aumentan las demandas de asistencia del gobierno para transportar a los heridos y los cuerpos recuperados atrapados desde el derrumbe el martes, uno de los peores en una industria minera escasamente regulada que se ha disparado a medida que la producción de petróleo de Venezuela, otrora uno de los mayores productores del mundo, ha caído en picada.
Mientras los dolientes llenaban el cementerio de La Paragua, la comunidad más cercana a la remota mina conocida como Bulla Loca y que llevaba apenas unos meses en funcionamiento, decenas de residentes se reunieron afuera de un restaurante donde creían que estaba comiendo el gobernador del estado.
El grupo exigió hablar con Ángel Marcano, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, y en un momento golpearon un vehículo todoterreno estacionado afuera. Agentes del servicio de inteligencia con armas largas y policías acudieron al lugar.
Durante la noche del miércoles, las autoridades elevaron el número de muertos a 16 y un número igual de heridos.
Se espera que ambas cifras aumenten a medida que los residentes acusan a los funcionarios del gobierno de subestimar el alcance de la devastadora tragedia.
William Nadales, quien estaba trabajando con al menos otros 50 mineros cuando un cayó torrente de lodo color arcilla, acudió al cementerio a ayudar a enterrar a varios de sus colegas, incluido su sobrino de 22 años Gerson Leal.
“Mi sobrino era trabajador de parcela, sembrador de plátano. Él fue para la mina con la esperanza de comprarse una moto”, dijo Nadales, relatando cómo tuvo que transportar el cuerpo de su sobrino durante la noche, seis horas en una embarcación hasta La Paragua, para su entierro. “Lo mató el barranco de una sola vez, tenía 22 años el muchacho, nunca había trabajado la mina. Me tocó sacarlo”.
En tanto, varios familiares, vecinos y amigos lloraron cuando bajaron al suelo el ataúd del minero Santiago Mora, de 24 años, que estuvo entre los mineros que murieron en el derrumbe.
“¡Te vamos a extrañar demasiado!”, gritaron después de colocar flores en el ataúd de madera con cinta aislante “¡Párate, Santiago!”.
Marcano dijo a periodistas que los cuerpos de las 16 víctimas ya habían sido entregados a sus familiares, descartando los temores de un número de muertos mucho mayor, algo que catalogó de “rumores”. Tres de los 16 heridos permanecen hospitalizados, añadió.
Horas antes, el mayor general Carlos Pérez Ampueda, viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, informó en un comunicado que especialistas de distintas áreas que forman parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, con experiencia internacional en situaciones de desastre, fueron incorporados para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.
En las tareas de socorro además participa un grupo de pescadores de La Paragua, que ayudan en el traslado de los fallecidos y heridos.
En La Paragua además fue habilitado un hospital de campaña en carpas para atender y clasificar pacientes según el tipo y gravedad de sus lesiones, así como otras con expertos en medicina forense, resaltó Pérez Ampueda.
La mina, en la que normalmente trabajan decenas de personas, está ubicada en una zona sin caminos a la que únicamente se puede llegar después de un viaje de horas en pequeñas embarcaciones, que deben sortear bancos de arena y el bajo nivel de las aguas en esta época del año, lo que ha dificultado el rescate.
El derrumbe se produjo la tarde del martes y varios mineros quedaron atrapados en la mina, localizada en el municipio Angostura del estado Bolívar, a unos 460 kilómetros al sureste de la capital. Angostura es una zona donde abundan lagos, pantanos y ríos importantes como el Caroní, que alimenta a Guri, el mayor complejo hidroeléctrico del país.
El gobierno —que ha visto caer la producción petrolera cerca de sus niveles más bajos en décadas como resultado de la mala gestión, la corrupción y, más recientemente, las sanciones de Estados Unidos– estableció en 2016 una enorme zona de desarrollo minero conocida como Arco Minero del Orinoco, que se extiende por el centro de Venezuela, para diversificar sus ingresos.
Desde entonces han proliferado las minas de oro, cobre, diamantes y otros metales preciosos, pero en muchas los trabajadores efectúan sus labores en malas condiciones de seguridad. Muchas son minas ilegales.
A pesar de las condiciones brutales y la presencia de bandas criminales, los venezolanos continúan acudiendo en masa a los centros mineros con la esperanza de enriquecerse rápidamente y escapar de la pobreza aplastante en los centros urbanos que ha llevado a más de ocho millones de venezolanos a emigrar en los últimos años.
En el sur de los estados de Amazonas y Bolívar se registra una creciente minería ilegal y se multiplicaron las bandas criminales que contrabandean oro, según han denunciado las autoridades y los críticos del gobierno del presidente Maduro.