La Primera Dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, ha expresado su desacuerdo con la versión actual del nuevo Código Penal. Lo ha hecho mediante una carta abierta dirigida al presidente Luis Abinader. En el documento también firmaron sus hijas Graciela, Esther y Adriana, así como más de mil personas. Entre los firmantes figuran activistas, juristas, académicos y representantes de organizaciones sociales.
El documento fue entregado esta semana con una solicitud directa: que la reforma al Código Penal no implique ceder en derechos fundamentales. En particular, se refieren a los principios que protegen a mujeres, niñas y sectores vulnerables del país.
Los firmantes consideran que el texto legal debe garantizar la vida, la dignidad y el acceso a la justicia de todos los ciudadanos. Aseguran que lo contrario afectaría especialmente a personas que ya viven situaciones de violencia estructural y que requieren de mayor protección por parte del Estado.
Uno de los puntos más señalados es la forma en que se define el feminicidio. La propuesta legal lo limita a solo tres circunstancias específicas. De acuerdo con la carta, esto dejaría fuera varios escenarios de violencia letal contra mujeres que están documentados y que no serían cubiertos por esa definición reducida.
Además, se advierte que la nueva versión del Código introduce trabas probatorias en situaciones de violencia intrafamiliar. Estas dificultades, según el texto, restan importancia a situaciones de alto riesgo y no siguen los estándares internacionales en este tipo de casos.
Otro aspecto cuestionado es que se establecen plazos de prescripción para delitos sexuales, incluso si incluyen incesto o implican a menores de edad. Los firmantes opinan que esta medida favorecería el silencio y desmotivaría a las víctimas a presentar denuncias. También consideran que podría proteger a personas responsables que suelen estar dentro del círculo familiar.
El documento enfatiza su rechazo total a la exclusión de las tres causales mínimas para permitir la interrupción del embarazo. Estas causales son: cuando la vida de la madre corre riesgo, en casos de inviabilidad fetal y cuando el embarazo ocurre como resultado de incesto o violencia sexual.
En este punto, el texto asegura que no se trata de un tema ideológico, sino de una situación que pone en juego la supervivencia de muchas mujeres. Advierten que mantener la prohibición tendría consecuencias médicas, legales y psicológicas graves.
Si bien el documento reconoce la importancia de actualizar el Código Penal, también insiste en que esta reforma no debe afectar derechos fundamentales. De acuerdo con la carta, una decisión como esta definiría “el rumbo moral y social del país”.
El pronunciamiento suma presión al Poder Ejecutivo y al Congreso para reconsiderar el contenido de la ley antes de tomar una decisión final sobre su aprobación.