WASHINGTON — Un informe interno del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD) expuso que más de $5,800 millones en fondos públicos fueron asignados a receptores “cuestionables” de asistencia para el alquiler durante el último año fiscal. Entre los hallazgos más graves se identificaron pagos a aproximadamente 30,000 “inquilinos fallecidos” y a “miles” de posibles no ciudadanos, según información exclusiva de The Post.
Funcionarios de HUD señalaron que una “gran concentración” de los pagos sospechosos se canalizó hacia Nueva York, California y Washington, D.C. Se registraron beneficiarios fallecidos en los 50 estados, en lo que las autoridades federales califican como un abuso generalizado de los recursos de los contribuyentes.
“Un abuso masivo de los dólares de los contribuyentes no solo ocurrió bajo la vigilancia del presidente Biden, sino que fue incentivado por la falta de controles financieros sólidos de su administración, lo que resultó en miles de millones en pagos potencialmente indebidos”, declaró el secretario de HUD, Scott Turner.
La Oficina del Director Financiero (OCFC) de HUD identificó $5,800 millones en pagos “cuestionables” de un total de casi $50,000 millones en asistencia federal para alquiler distribuida a autoridades de vivienda pública, contratistas, propietarios y otras entidades no federales durante el año fiscal 2024, según el informe de 183 páginas.
Aproximadamente el 11% de los fondos de HUD benefició a más de 200,000 inquilinos posiblemente inelegibles: 29,715 fallecidos, 9,472 no ciudadanos y 165,393 que recibían subsidios por encima del umbral permitido para su región, con especial incidencia en Nueva Orleans y otras grandes áreas metropolitanas.
Los programas de HUD están diseñados para asistir a residentes de bajos ingresos que no pueden costear una vivienda. Este posible desvío de recursos implica que personas en situación de vulnerabilidad podrían haber quedado excluidas de la ayuda.
Funcionarios del departamento atribuyeron el problema a una directiva que priorizó “desembolsar fondos con supervisión mínima”, así como a programas que depositaron “confianza excesiva” en entidades no federales para verificar la elegibilidad de los inquilinos.
HUD deberá ahora contactar a las autoridades de vivienda pública y otras entidades para confirmar el alcance del fraude, con posibilidad de pausar o revocar financiamientos. También se realizarán referimientos a las autoridades penales cuando corresponda.
Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, se destinaron $33,000 millones a Asistencia de Alquiler Basada en Inquilinos (TBRA) para más de 4 millones de hogares, y $16,000 millones a Asistencia de Alquiler Basada en Proyectos (PBRA). La auditoría revisó ambos programas.
Del total de $1,500 millones en pagos de TBRA identificados como cuestionables, más de 200,000 inquilinos presentaban problemas de elegibilidad. En PBRA, aproximadamente $4,300 millones (26.4% del programa) mostraron irregularidades similares.
En colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional, HUD identificó que “miles” de no ciudadanos recibían asistencia de las Secciones 8 o 9, a pesar de no cumplir con los requisitos de elegibilidad.
El informe financiero de HUD busca dar cumplimiento a los compromisos de aumentar la “rendición de cuentas y transparencia” y proteger los “fondos públicos contra el desperdicio, el fraude y el abuso”.
Una auditoría anterior de la Oficina del Inspector General, realizada en octubre de 2022 tras las inyecciones de fondos del Plan de Rescate Estadounidense y la Ley CARES, determinó que HUD “necesitaba mejoras significativas” en su gestión antifraude.
En febrero de 2024, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York acusaron a 70 empleados de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) por aceptar sobornos de contratistas. El fiscal Damian Williams calificó el caso como “la mayor investigación por sobornos en un solo día en la historia del Departamento de Justicia”.
NYCHA, que provee asistencia a más de medio millón de neoyorquinos, recibió $3,860 millones de HUD en 2023. Una auditoría de marzo de 2025 señaló que estos fondos enfrentaban “mayor riesgo de fraude” por falta de salvaguardas adecuadas.
Un portavoz de NYCHA afirmó que la institución colabora con las autoridades y ha implementado todas las recomendaciones para reforzar sus procesos internos.
La exsecretaria de HUD, Marcia Fudge, y su subsecretaria, Adrianne Todman, no respondieron a solicitudes de comentario.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**