WASHINGTON — El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) investiga si miles de millones de dólares de los contribuyentes, destinados a programas de servicios sociales en Minnesota, fueron utilizados para ‘alimentar la migración ilegal y masiva’, según cartas obtenidas por The Post.
Alex Adams, subsecretario de la Administración para Familias y Niños (ACF) del HHS, envió cartas este lunes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y a una organización sin fines de lucro beneficiaria de fondos federales para programas Head Start.
‘Nos preocupa que puedan usarse para alimentar la migración ilegal y masiva’, declaró Adams a The Post, enfatizando que el seguimiento de los fondos responde a la ‘rendición de cuentas para los contribuyentes estadounidenses’.
‘Ahora mismo estamos en la fase exploratoria’, añadió. ‘Los contribuyentes estadounidenses generalmente financian estos programas… Estamos tratando de obtener datos que nos ayuden a tener confianza en que no hay fraude’.
Adams señaló que su agencia tiene ‘razones legítimas para pensar que han estado usando el dinero de los contribuyentes incorrectamente’, debido a una serie de informes recientes sobre presunto fraude en los servicios sociales del estado.
Minnesota recibió más de 690 millones de dólares para sus programas de red de seguridad durante el último año fiscal de la administración Biden, cuando el HHS era dirigido por el secretario Xavier Becerra.
El HHS exige ‘una lista integral’ para el 26 de diciembre de las entidades estatales que recibieron fondos desde los años fiscales 2019 a 2025.
La ACF realizó más de 1.000 subvenciones federales a entidades en Minnesota durante ese período, por un total de 8.600 millones de dólares, según registros de gastos federales. Entre 2022 y 2025, desembolsó más de 4.500 millones.
Al menos 130.000 migrantes en situación irregular residían en Minnesota a partir de 2023, lo que representa un aumento de aproximadamente 40.000 desde 2019, según el Pew Research Center.
La carta de Adams citó ‘declaraciones públicas de cientos de empleados del Departamento de Servicios Humanos de Minnesota que alegan que las advertencias claras de fraude fueron repetidamente ignoradas, que los denunciantes enfrentaron represalias y que el uso indebido generalizado de fondos federales pudo haber persistido durante años’.
Estas acusaciones —actualmente investigadas por el Departamento del Tesoro y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes— responsabilizan a Walz por permitir un esquema de ‘fraude masivo’ que involucró principalmente a inmigrantes somalíes y habría desviado más de 1.000 millones de dólares de los contribuyentes.
‘Estas preocupaciones se han visto agravadas por enjuiciamientos federales recientes y acusaciones adicionales de que porciones sustanciales de los recursos federales fueron desviadas fraudulentamente de las familias estadounidenses a las que estaban destinadas a asistir’, agregó el subsecretario.
Fiscales federales en Minnesota han logrado condenas contra decenas de estafadores por robar más de 250 millones de dólares a los contribuyentes. Muchos tenían vínculos con la comunidad somalí y la organización Feeding Our Future, la cual obtuvo fondos para programas de comidas infantiles y los utilizó en autos de lujo y propiedades.
Los programas de la ACF bajo revisión incluyen Parents in Community Action, Community Services Block Grant (CSBG), Social Services Block Grant (SSBG), Title IV-E Foster Care, Refugee Cash Assistance (RCA), Refugee Medical Assistance (RMA), Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) y Child Care and Development Fund (CCDF).
‘La Administración Trump ha dejado claro su compromiso de erradicar el fraude, proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar la integridad del programa’, escribió Adams al solicitar todos los datos administrativos sobre ‘los beneficiarios de subvenciones, sus receptores y subreceptores’.
Para LIHEAP, CSBG, SSBG, RCA, RMA y Title IV-E, el funcionario exigió datos desde 2019 a 2025. Para CCDF y Parents in Community Action, que recibieron subvenciones para supervisar programas federales Head Start, solicitó información de 2022 a 2025.
Los datos deben incluir ‘nombre del receptor, dirección, número de Seguro Social (si se recopiló), fecha de nacimiento, número A (según corresponda) y cualquier número de identificación estatal utilizado para la administración del programa’.
‘Esta información es necesaria para que la ACF realice una revisión exhaustiva de las operaciones del programa y evalúe el alcance de cualquier irregularidad que pueda haber ocurrido’, precisó la carta.
Los representantes de las oficinas de Walz y Frey no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**