WASHINGTON — La Casa Blanca de Biden estuvo “coordinando” con el Departamento de Justicia la búsqueda del FBI de documentos clasificados en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump, antes de llevar la conversación “fuera de línea”, según reveló Chad Mizelle, exjefe de gabinete de la fiscal general Pam Bondi.
En una entrevista exclusiva con The Post, Mizelle afirmó haber revisado correos electrónicos “incriminatorios” intercambiados entre funcionarios de la Oficina del Consejo de la Casa Blanca del expresidente Joe Biden, el DOJ de Merrick Garland y la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) en los meses previos al allanamiento del complejo en Palm Beach, Florida, el 8 de agosto de 2022.
“Tenemos evidencia concreta de que la Casa Blanca de Biden estuvo muy involucrada en el acto de aplicación de la ley más sin precedentes, injusto e impropio en la historia de nuestro país: usar al FBI para allanar la casa de un rival político y expresidente de Estados Unidos”, declaró Mizelle.
El exfuncionario detalló que las comunicaciones mostraban discusiones sobre los documentos, con la participación de NARA como custodio. “En un momento, alguien —creo que de la Casa Blanca— sugirió: ‘Oye, ¿por qué no llevamos esto fuera de línea?’. De repente, toda comunicación por correo electrónico sobre el asunto se detuvo”, relató.
Una fuente familiarizada con los correos confirmó a The Post la existencia de dichas conversaciones, aunque el medio no ha revisado los documentos de manera independiente.
Estas revelaciones coinciden con comunicaciones internas del FBI y el DOJ divulgadas el martes por el senador Chuck Grassley (republicano por Iowa), que muestran cómo la oficina, en semanas previas al operativo, consideraba que no había causa probable para ejecutar la orden de registro. No obstante, funcionarios del DOJ y el equipo del entonces fiscal especial Jack Smith sobrepusieron su criterio, con la aprobación final del fiscal general Garland.
El FBI recuperó 102 documentos clasificados, lo que llevó a una acusación en junio de 2023. Sin embargo, el caso de Smith fue desestimado en julio del año siguiente, después de que un juez determinara que su nombramiento como fiscal especial fue improcedente por carecer de la ratificación del Congreso.
Los correos descritos por Mizelle contradicen la supuesta independencia del DOJ de la Casa Blanca y un memorando emitido por Garland en julio de 2021, que limitaba las interacciones entre ambas instancias en asuntos de investigaciones penales o civiles.
A pesar de que asistentes de la Casa Blanca de Biden insistieron en que el presidente no tenía conocimiento previo del allanamiento —y que la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre se negó a comentar 18 veces al día siguiente—, Mizelle sostuvo: “Si le dicen al pueblo estadounidense que no estaban involucrados y en realidad lo estaban, eso es un problema”.
El equipo legal de Trump había solicitado el año pasado evidencias de esta coordinación como parte de su defensa en el caso federal por la retención de documentos clasificados. Sus abogados, Todd Blanche y Christopher Kise, argumentaron en un escrito de enero de 2024 que las comunicaciones revelaban “una estrecha participación de NARA y componentes de la Administración Biden, como la Oficina del Consejo de la Casa Blanca”.
Mizelle concluyó que los correos electrónicos que revisó “socaban completamente” la versión oficial de que la Casa Blanca no estuvo involucrada. “Coordinaron lo que se convirtió en un allanamiento a la casa del expresidente y luego mintieron al respecto”, afirmó.
El DOJ declinó hacer comentarios. Un portavoz de Biden y el exsubconsejero Jonathan Su no respondieron de inmediato a las solicitudes de The Post.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**