Los dos centros de consumo supervisado financiados por el gobierno de la ciudad de Nueva York, que pretenden prevenir sobredosis fatales, han tenido que derivar en ambulancia a al menos 46 personas por paros cardíacos, accidentes cerebrovasculares o convulsiones potencialmente mortales, según registros.
OnPoint, la organización sin fines de lucro que opera los dos sitios en Harlem y Washington Heights, no realiza un seguimiento del destino de estas personas, ni siquiera si fallecieron, según ha sabido The Post, una omisión que los críticos califican de negligente. El Departamento de Salud de la ciudad, que supervisa los centros, se negó a responder si lleva un registro de los resultados de las 46 personas trasladadas al hospital.
Mientras tanto, las sobredosis en los centros aumentaron un 7%, de 636 a 683, entre su primer y segundo año de operación, según el informe anual recién publicado por OnPoint. El informe revela que 3,156 personas visitaron los centros 61,184 veces en 2023, el año más reciente del que se tienen datos disponibles. Esto representa un aumento del 26% respecto al primer año, cuando los usuarios acudieron 48,533 veces.
También hubo un aumento en los visitantes recurrentes, con 177 clientes que acudieron a consumir drogas más de una vez al día en 2023, un 108% más que los 77 de 2022. “Aumentamos el número total de visitas y la frecuencia de visitas a los Centros de Prevención de Sobredosis. Estos son éxitos significativos”, se jactó OnPoint en su informe.
El crack fue la droga de preferencia entre los usuarios de OnPoint, consumida mediante fumada hasta 56,175 veces en el período de dos años, seguida de la heroína, inyectada 48,714 veces. La cocaína fue esnifada 30,721 veces, y los ‘speedballs’ –una peligrosa mezcla de heroína y cocaína– fueron inyectados 19,651 veces.
De manera alarmante, el uso de speedball en la ubicación de Washington Heights se más que duplicó entre el primer y el segundo año, pasando del 19% al 44%. En Harlem, el aumento fue más modesto, del 5% al 7%.
Los críticos han denunciado durante mucho tiempo que estos centros mantienen a los adictos enganchados a las drogas en lugar de ayudarlos a desintoxicarse. “Es como si hubieran continuado haciendo algo que no funciona, pero a mayor escala. Eso está bien, pero no hay una medida de los resultados, lo cual no me sorprende, porque los resultados no se verán bien”, dijo Charles Lehman, experto en políticas públicas del Manhattan Institute.
El informe señala que el 14% de los pacientes “recibió servicios relacionados con la buprenorfina” –un tratamiento para la adicción a los opioides–, lo que incluye educación, evaluación y asesoramiento, pero no desglosa la cifra para indicar cuántos aceptaron realmente recibir tratamiento. “Eso podría significar solo que les dieron un folleto”, criticó Lehman. “No están demostrando que estén ayudando a las personas a recuperarse, que es el mejor escenario posible de servicios como este. No creo que parezcan particularmente interesados”.
Los vecinos se han quejado de que el consumo y la venta de drogas se ha extendido a las calles aledañas, y de que los adictos mantienen relaciones sexuales públicas durante el día.
En 2024, OnPoint recibió más de 15.9 millones de dólares en fondos públicos, lo que constituye la mayor parte de sus 17.4 millones de ingresos, según su declaración de impuestos. La cantidad de dinero público que ha recibido ha aumentado con los años, desde los 6.5 millones en 2022, el primer año completo de operación de los centros.
“Su enfoque es facilitar el consumo de drogas, y no creen que sea obligatorio intentar que la gente deje de consumir drogas. Realmente no les importan los resultados a largo plazo”, dijo Lehman.
En agosto, el principal fiscal federal de Manhattan insinuó planes para posiblemente cerrar los dos centros de consumo supervisado de la ciudad, que son ilegales según la ley federal, después de que el presidente Trump los apuntara en una orden ejecutiva.
El alcalde electo Zohran Mamdani ha impulsado la apertura de más centros –copatrocinando la ‘Ley de Servicios de Consumo más Seguro’ en Albany, que establecería un programa estatal, primero en 2023 y nuevamente en 2025–, pero dio un giro de 180 grados en el debate de octubre, diciendo que mantendría los dos sitios actuales pero no expandiría el programa más allá.
Esto supuso un cambio incluso respecto a sus promesas anteriores durante la campaña primaria, y con una serie de activistas de reducción de daños en su equipo de transición de seguridad comunitaria, existe la posibilidad de que el número de estos centros en la ciudad aumente.
OnPoint defendió no realizar un seguimiento de los pacientes trasladados al hospital, alegando leyes de privacidad. “Cuando se llamó a los servicios de emergencia médica, fue después de que un participante ya estaba estabilizado y por razones de salud preventivas no relacionadas con una sobredosis”, insistió Sam Rivera, Director Ejecutivo de OnPoint.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**