Por Franklin Mercado
El debate sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la República Dominicana se ha intensificado, abarcando tanto la exigencia de un cumplimiento legal general como la defensa de sectores específicos. La propuesta del senador Omar Fernández para indexar y eximir salarios se ha visto complementada por una discusión paralela: la necesidad de exonerar de impuestos a quienes ejercen la fundamental labor de la enseñanza.
Puede leer: La Epidemia de Inundaciones en la República Dominicana
La Indexación y la Propuesta de Alivio General (Omar Fernández)
La iniciativa legislativa liderada por el senador Omar Fernández se centra en el cumplimiento del Código Tributario y la protección del trabajador formal. El enfoque tiene dos pilares:
Restablecer la Indexación Salarial Anual: El Artículo 327 del Código Tributario exige un ajuste anual de los tramos del ISR por la inflación (basado en el IPC del Banco Central). Al no aplicarse esta indexación desde 2017, la ley ha sido ignorada, afectando directamente el bolsillo de los trabajadores.
Exonerar de ISR Salarios hasta RD$52,000: Al actualizar el monto exento por la inflación acumulada, se estima que el umbral libre de impuestos debería rondar los RD$52,000 mensuales (cifra que varía según el cálculo inflacionario).
Justificación Económica: El legislador argumenta que el actual umbral congelado en RD$34,685 ha provocado que el Estado recaude impuestos a costa de una significativa pérdida del poder adquisitivo del trabajador, equivalente a quitar una canasta básica completa al año a quienes más lo necesitan. El problema es la erosión del salario real que la inflación provoca en los ingresos medios y bajos.
El Impacto de la Inflación: Urgencia de la Indexación
La urgencia de indexar se explica por el efecto corrosivo de la inflación en la capacidad de compra de la población:
Pérdida de Poder Adquisitivo: El aumento del costo de la vida fuerza a que los salarios, aunque suban nominalmente, tengan menos capacidad de compra. Al no ajustarse la base imponible del ISR, más trabajadores son empujados a pagar impuestos, aunque su aumento salarial solo busque compensar la inflación.
Afectación al Consumo: Se estima que cientos de miles de trabajadores formales están pagando impuestos que no deberían, limitando su capacidad para cubrir la canasta básica y, por ende, frenando el dinamismo del consumo interno.
El Debate Fiscal: Desde el ámbito gubernamental, la principal resistencia es la caída en la recaudación que implicaría la indexación, advirtiendo que esta medida requiere una reforma fiscal integral que compense el vacío, un debate que el Gobierno ha intentado impulsar.
Una Propuesta Social Paralela: La Exención para el Sector Educativo
En paralelo a la discusión sobre el alivio general, emerge una propuesta con un fuerte componente de política social y valoración pública: exonerar del Impuesto Sobre la Renta a los salarios de todos los servidores del sistema educativo.
Esta propuesta abarca a docentes, catedráticos universitarios y demás profesionales cuya función principal es impartir el «pan de la enseñanza» y educar a la población.
La Justificación: La Educación como un Bien Público Exento
Los promotores de esta idea argumentan que la educación no debe ser tratada como un servicio de renta gravable común, sino como un bien público fundamental y un pilar del desarrollo nacional:
Servicio No Lucrativo: Se sostiene que la función de educar está intrínsecamente ligada al bienestar colectivo. Cobrar impuestos a los profesores por ejercer esta labor es visto como un «abuso» que desincentiva y desvaloriza la profesión docente.
Incentivo a la Calidad: Aliviar la carga impositiva de los educadores equivaldría a un aumento salarial directo, ayudando a dignificar la profesión y a atraer y retener talentos en el sistema educativo, lo cual es vital para elevar la calidad de la enseñanza en el país.
En este sentido, mientras la propuesta de Omar Fernández busca justicia legal para todos los trabajadores por el efecto de la inflación, la propuesta de exención al sector educativo busca justicia social y un reconocimiento explícito del rol estratégico de la enseñanza en la construcción del futuro de la República Dominicana. Este enfoque plantea un dilema: ¿Debe el Estado priorizar la recaudación fiscal o el incentivo a los profesionales que sostienen el capital humano de la nación?
Conclusión: La República Dominicana se encuentra en un punto de inflexión donde la política económica y la política social convergen en el debate fiscal. El restablecimiento de la indexación es una exigencia legal y de justicia económica, mientras que la potencial exención al sector educativo es un llamado a la inversión social y a la valoración del conocimiento como motor de desarrollo. Esta propuesta abarca a docentes, catedráticos universitarios y demás profesionales cuya función principal es impartir el «pan de la enseñanza» y educar a la población y soy un ejemplo vivo de sus efectos…
La Justificación: La Educación como un Bien Público Exento
Mí argumento es que la educación no debe ser tratada como un servicio de renta gravable común, sino como un bien público fundamental y un pilar del desarrollo nacional:
Servicio No Lucrativo: La función de educar está intrínsecamente ligada al bienestar colectivo. Cobrar impuestos a los profesores por ejercer esta labor es visto como un «abuso» que desincentiva y desvaloriza la profesión docente.
Incentivo a la Calidad: Aliviar la carga impositiva de los educadores equivaldría a un aumento salarial directo, ayudando a dignificar la profesión y a atraer y retener talentos en el sistema educativo, lo cual es vital para elevar la calidad de la enseñanza en el país.
En este sentido, mientras la propuesta de Omar Fernández busca justicia legal para todos los trabajadores por el efecto de la inflación, mí propuesta de exención al sector educativo busca justicia social y un reconocimiento explícito del rol estratégico de la enseñanza en la construcción del futuro de la República Dominicana. Este enfoque plantea un dilema: ¿Debe el Estado priorizar la recaudación fiscal o el incentivo a los profesionales que sostienen el capital humano de la nación?
En conclusión: La República Dominicana se encuentra en un punto de inflexión donde la política económica y la política social convergen en el debate fiscal. El restablecimiento de la indexación es una exigencia legal y de justicia económica, mientras que la potencial exención al sector educativo es un llamado a la inversión social y a la valoración del conocimiento como motor de desarrollo.