Angel Soto es un trabajador social y organizador comunitario ‘senior’ en la organización Gay Men’s Health Crisis; conoce a Rafael Rosa, exprofesor de economía y exempleado del Banco Central de la República Dominicana hace 15 años.
“Ponen a alguien que no conoce el paciente. Esa esa persona tiene el derecho de decir quién puede verlo y quién no puede verlo”, explicó Soto.
Esa persona es un tutor -o ‘guardian’ como se conoce en inglés-, a quien un juez le dio la tutela de Rosa, quien sufre de Alzheimer, tras haber sido atendido en el hospital de Bellevue y considerado por el magistrado como incapacitado de acuerdo con el llamado Artículo 81 de la ley de Salud Mental.
Marilyn Sereno, quien de acuerdo con el IRS es presidenta de Sensible Guardians, Inc. ahora administra los bienes de Rafael y el acceso que su propia familia y amigos tienen para verlo.
“Lo están aguantando ahí sin ver a la familia, sin ver a amigos. Y él se está olvidando más. No le están dando tratamiento para la condición que él tiene. Solamente lo están dejando ahí, colectando de su seguro. Y lo están dejando morirse. Él tiene apartamento, tiene sitio de vivir. Él no debe de estar en ese edificio”, agregó Soto.
Joseph Kleinplatz, la pareja de Rafael de 41 años y un activista comunitario, dice que pasó casi dos años buscándolo, llamando a la tutora, el hospital y Highbridge Woodycrest, el asilo donde lo internaron, hasta que pudo verlo.
“Estaba feliz de verme después de tanto tiempo. Y cada minuto estaba diciendo: ‘Yo quiero salir de aquí. No quiero estar aquí’. Me dolió mucho porque es injusto que lo tienen como un prisionero y no lo dejan salir. Él dice que tiene un año que no lo dejan ver nada ni a nadie afuera. ¿Qué están haciendo con él? Es una tortura completa cortar una persona de la vida de uno”, reveló Kleinplatz
De acuerdo con la ley, un tutor no tiene obligación de informar a la familia de las personas a su cuidado, ni permitirles visitas.
El asilo Highbridge Woodycrest nos dijo que no pueden comentar sobre un caso específico de acuerdo con su política de privacidad, pero que no se cobra a los visitantes por las visitas.
La querella legal de Joseph Kleinplatz y Angel Soto continúa en curso.
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