Los Ángeles, 4 jun (EFE).-La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) informó este martes que buscará tumbar en la corte la orden ejecutiva presentada este martes por el presidente estadounidense, Joe Biden, que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México y entraría este mismo día en vigor.
La orden permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.
En un comunicado, ACLU advirtió que demandará la orden que, según la organización, se “hace eco” de la prohibición de entrada emitida por el Gobierno de Donald Trump en 2018.
“Tenemos la intención de impugnar esta orden ante los tribunales. Era ilegal cuando Trump lo hizo, y no es menos ilegal ahora”, dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, uno de los abogados que ha liderado varias batallas legales contra el Ejecutivo estadounidense y logró que se revocara las medidas del gobierno republicano.
En ese sentido, Deirdre Schifeling, directora política y defensa de la ACLU, advirtió que la iniciativa presentada hoy no cubre las necesidades en la frontera ni arregla “el fallido” sistema de inmigración.
Una de las mayores preocupaciones de los activistas es que la orden también apresurará los procedimientos de deportación, que ya de por si están acelerados.
“Instamos a la administración a cumplir su promesa de campaña de restaurar el asilo y movilizar los recursos necesarios para abordar los desafíos en la frontera. No es sólo algo moralmente sensato: es buena política”, añadió Schifeling.
Se espera que la orden entre en vigor este mismo martes porque ya se está superando esa cifra de 2.500 detenciones con una media de 4.200 arrestos diarios ocurridos en el mes de abril, la última cifra oficial disponible.
Los protocolos para solicitar asilo volverán a relajarse una vez que esa cifra disminuya a 1.500 en promedio durante 14 días, lo que podría ser difícil de alcanzar ya que la última vez que el promedio de detenciones bajó a 1.500 fue en julio de 2020, en plena pandemia.
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