Un grupo de empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) destina mensualmente el 5 % de su salario a una cuenta bancaria vinculada al movimiento político *Jóvenes Unidos por el Cambio*, liderado por el rector de la institución, Rafael Féliz García. La información se basa en documentación, testimonios y comprobantes bancarios revisados por *N Investiga* y FV Medios.
Féliz García asumió la rectoría del ITLA el 17 de julio de 2024, tras su gestión como ministro de la Juventud. Para 2025, la institución maneja un presupuesto de 1,200 millones de pesos, destinado a becas, expansión y operaciones.
Según la nómina de noviembre de 2025, el ITLA emplea a 655 trabajadores fijos, con una masa salarial mensual superior a 25.8 millones de pesos. Una parte de estos empleados forma parte del movimiento *Jóvenes Unidos por el Cambio*, que registra alrededor de 300 miembros a nivel nacional.
Los aportes se realizan mediante transferencias bancarias, con montos que varían entre 3,000 y 12,000 pesos, según el salario del empleado. En diciembre, el porcentaje aportado aumenta al 10 % para financiar actividades del movimiento. Un sistema interno de control utiliza listas codificadas por colores: verde para empleados al día en los aportes y rojo para quienes presentan atrasos. Estas listas circulan entre miembros del movimiento. Testimonios indican que los empleados con retrasos en los aportes enfrentan limitaciones en ascensos, aumentos salariales y trámites administrativos.
En febrero de 2025, una lista con 42 empleados que realizaban aportes fue encontrada en un baño del ITLA y fotografiada. La imagen circuló en un grupo de WhatsApp institucional. Ramón Winston Paulino Sánchez, coordinador de Rectoría del ITLA y director ejecutivo del movimiento, con un salario de 180,000 pesos mensuales, gestionó el incidente internamente.
Entre los empleados que figuran en los aportes hay técnicos, asistentes, secretarias y funcionarios de nivel medio y alto, con salarios que oscilan entre 50,000 y 190,000 pesos mensuales. El rector Rafael Féliz García no aparece en los listados revisados.
La Ley 41-08 de Función Pública prohíbe inducir a servidores públicos a participar en actividades políticas o establecer contribuciones utilizando el cargo. La Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que es ilícito imponer o aceptar deducciones salariales a empleados públicos para fines políticos, incluso si se presentan como aportes voluntarios. La Constitución dominicana prohíbe el uso de funciones públicas para obtener ventajas políticas o económicas.
FV Medios solicitó una entrevista con el rector del ITLA. A través de un intermediario, se indicó que los aportes eran de carácter espontáneo y destinados a actividades sociales, sin ofrecerse una declaración directa. Posteriormente, la cuenta de Instagram del movimiento *Jóvenes Unidos por el Cambio* modificó su configuración de pública a privada.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**