Nicolas Maduro pasó de ser un personaje secundario cuando Hugo Chávez estaba al mando de Venezuela a gobernar el país, en sus propias palabras, con mano de hierro. Ahora en un nuevo mandato, que logró en medio de una controversial elección, afronta una nueva etapa en la que tendrá que lidiar con las dificultades económicas y con el malestar de un sector de la población que buscaba un cambio en el poder.
Deberá seguir batallando, al igual que tuvo que hacer en la última década, con los cuestionamientos de la oposición y de parte de la comunidad internacional que no reconoce su victoria, ante sus promesas estabilidad social en Venezuela.
Tras once años en el poder, en los que tuvo que sobreponerse a insurrecciones de sus adversarios y protestas de la población, así como navegar entre sanciones comerciales, el aislamiento internacional, sublevaciones en las filas del oficialismo y el deterioro de la economía nacional, Maduro debió enfrentar en estos comicios la candidatura de un bloque opositor que alimentó entre los suyos anhelos de cambio y esperanzas de un futuro mejor para Venezuela.
Por primera vez en su carrera política, el exsindicalista del Metro, de 61 años de edad, se midió en las urnas sin el respaldo de popularidad que heredó de Chávez (1999-2013) tras su muerte y que lo impulsó en la elección de abril 2013. Tampoco con la ventaja que tuvo en los cuestionados comicios del 2018 cuando compitió prácticamente solo, luego de que la coalición opositora se negara a participar alegando la falta de garantías.
Maduro logró imponerse el domingo con un 51.20% de los votos, y superar a su rival, Edmundo González, quien era el candidato de la principal coalición y cosechó un 44% del respaldo popular.
Su recorrido al frente de Venezuela comenzó desde un segundo plano.
Hasta la noche del 8 de diciembre del 2012, cuando Chávez sorprendió al país al aparecer por última vez ante las cámaras de televisión tres meses antes de morir junto a Maduro, nadie esperaba que nombraría a su leal colaborador desde los tiempos del fallido golpe de 1992 como su heredero político.
En su discurso televisado, el fallecido mandatario identificó al entonces vicepresidente de 50 años como un “revolucionario a carta cabal, de gran experiencia a pesar de su juventud, gran dedicación al trabajo, gran capacidad para la conducción de grupos”.
En medio de la incertidumbre que generó la muerte de Chávez el 5 de marzo del 2013, Maduro asumió la conducción de un país sobrecogido por la desaparición de su líder fundamental.
En ese momento pocos confiaban en que el exdirigente sindical y chófer del Metro, sin estudios universitarios, que solo tenía como experiencia los seis años como diputado y presidente del Congreso, seis años frente a la Cancillería y un par de meses en la Vicepresidencia, pudiera asegurar la supervivencia del proyecto político de Chávez.
Maduro era identificado por sus adversarios como una persona con escasos conocimientos y se burlaban de él llamándolo “maburro”, recordando el episodio en el que aseguró que Chávez se le apareció en forma de pájaro tras su muerte.
Pero el político izquierdista enfrentó en abril del 2013 su primera prueba de fuego cuando compitió contra Capriles en unas elecciones que ganó por un estrecho margen. En esos primeros años de mandato, Maduro se concentró en preservar el legado del fallecido líder así como sus políticas de controles.
Pese a su victoria electoral sus adversarios no le dieron tregua. En 2014, la oposición más radical, que ya integraba Machado, llamó a protestas callejeras en la capital venezolana y otras ciudades que dejaron 43 fallecidos y decenas de arrestos. Entre ellos, fue detenido el líder opositor Leopoldo López por casi cinco años.
Un año después de esas movilizaciones, la oposición ganó la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados y le arrebató al oficialismo el control del Congreso que había mantenido por 16 años.
El triunfo opositor desató fuertes tensiones entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia —cercano al gobierno— que fueron escalando hasta 2017. Ese año Maduro logró la instalación de una oficialista Asamblea Constituyente para neutralizar al Congreso y destituir a la fiscal general, quien por años fue una fiel aliada de Chávez pero se enfrentó al mandatario acusándolo de violar el orden constitucional y desconocer el modelo de Estado.
A esos eventos le siguieron cuatro meses de protestas callejeras, entre abril y julio del 2017, que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y militares, y que dejaron más de un centenar de muertos, miles de heridos y varias decenas de detenidos en todo el país.
Por esos hechos, la Corte Penal Internacional abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela, y en septiembre de ese año seis países de la región solicitaron a esa instancia judicial investigar posibles crímenes de lesa humanidad, en un caso que aún no se ha resuelto.
En esa etapa agitada, Venezuela padeció también una recesión económica y una desbordada inflación que vino acompañada de severos problemas de desabastecimiento de alimentos y otros productos básicos que desataron una crisis social y una migración masiva nunca vista en Venezuela.
En medio de los cuestionamientos de la comunidad internacional y el rechazo de la oposición, se convocó en octubre del 2018 una elección presidencial en la que Maduro compitió prácticamente solo y logró la reelección con seis millones de votos.
Más de una veintena de países, entre ellos, Estados Unidos, cuestionaron los comicios y Maduro debió hacer frente a partir de ese momento a un aislamiento internacional.
Un año después, la crisis política se reavivó cuando el diputado opositor Juan Guaidó, integrante del partido Voluntad Popular que creó Leopoldo López, asumió la dirección del Congreso y se declaró presidente interino de Venezuela, con el respaldo de varios países europeos y de Estados Unidos que impuso duras sanciones al gobierno de Maduro para presionar su salida.
En 2019, también se dieron protestas callejeras y una fracasada insurrección militar el 30 de abril respaldada por López, quien se refugió después en la Embajada de España y luego huyó del país.
El oficialismo recuperó el Congreso en las elecciones parlamentarias de diciembre 2020 que se dieron en medio de un boicot opositor.
A pesar de retomar el control político, los problemas de Maduro no terminaron.
En 2020, la crisis económica se agudizó por efecto de las sanciones y el impacto mundial que desató la pandemia del COVID-19. El país petrolero comenzó a enfrentar por primera vez en su historia severos problemas de escasez de gasolina, lo que profundizó la paralización del ya debilitado aparato productivo venezolano.
Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), la economía venezolana registró entre 2013-2021 una contracción acumulada de 75% del Producto Interno Bruto.
Entonces, Maduro comenzó a aplicar una serie de medidas económicas a partir de 2021, más alejadas de las políticas de Chávez pese a que sigue identificándose como un gobierno socialista, como la eliminación de los controles de precios y de cambio, la flexibilización de las importaciones, una dolarización de facto en la economía doméstica, así como restricciones al gasto público y el endeudamiento privado. Ese año, Venezuela logró salir del ciclo hiperinflacionario que enfrentó por cuatro años.
Esas medidas empezaron a percibirse en resultados y permitieron mantener el control de la inflación, que en el primer semestre de este año alcanzó un acumulado de 8.9%. En comparación, el año pasado en el mismo periodo, registró un 108%.
Los cambios en la política económica vinieron acompañados de los diálogos que inició el gobierno con la oposición y Estados Unidos, que progresivamente comenzó a flexibilizar algunas sanciones en materia petrolera. De igual forma, varios países europeos también retomaron sus relaciones con Venezuela.