Mientras el Ministerio Público destapa uno de los presuntos escándalos de corrupción más graves vinculados al sector salud, con un supuesto desfalco que supera los RD$15,000 millones en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), una pregunta flota en el ambiente sin respuesta clara: ¿qué pasó con Víctor Atallah?
Víctor Atallah no es un actor secundario en esta historia. Además de ser ministro de Salud Pública, ostenta la presidencia del Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa), el órgano de máxima dirección y supervisión de SeNaSa. Es decir, la instancia llamada a velar por el buen funcionamiento, la transparencia y el control de la aseguradora del Estado.
Sin embargo, ante las graves imputaciones que pesan sobre el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, el silencio institucional resulta, cuando menos, inquietante.
El Ministerio Público acusa a Hazim de encabezar una red que habría estafado al Estado dominicano mediante una estructura organizada, incurriendo en delitos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Junto a Hazim, figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. De manera significativa, con excepción de tres, la mayoría ha admitido su participación y ha expresado su disposición de colaborar con el Ministerio Público.
Ante este panorama, la interrogante es inevitable: ¿no detectó el CoSeNaSa estas irregularidades? ¿Se ejercieron los mecanismos de control y fiscalización correspondientes? ¿Qué responsabilidad política y administrativa le corresponde al presidente del consejo que supervisa la institución hoy bajo investigación?
No se trata de adelantar juicios ni de violar el debido proceso, sino de exigir explicaciones claras y oportunas. El país merece saber si hubo omisiones, fallas estructurales o negligencia en los niveles de supervisión más altos del sistema de salud asegurado.
En un gobierno que ha hecho de la transparencia su bandera, el silencio no puede ser la respuesta. La confianza ciudadana en SeNaSa, una de las instituciones más sensibles del Estado, exige rendición de cuentas, no evasivas.
Porque cuando el escándalo es de esta magnitud, callar también es una forma de responder.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**