Muchos lectores se quejan porque los columnistas critican más las acciones del Gobierno y no centran la misma atención en la oposición. La causa es que el comportamiento del primero afecta directamente a la población, para bien o para mal, y no sucede en idéntica intensidad lo mismo con los dirigentes y partidos contrarios al régimen de turno.
Cuando se censura el uso desmedido de recursos en campañas políticas el énfasis recae sobre el Gobierno porque es el que posee la capacidad para recurrir a fondos del presupuesto de la nación. Lo que de sus bolsillos gasten los candidatos del lado opuesto, si bien constituye una práctica censurable cuando sobrepasa los límites razonables, son asuntos realmente suyos.
En el país, contrario a lo que se piensa, los gobiernos, éste y los anteriores, han gozado siempre de una sobreprotección de los medios de comunicación. Las críticas por lo general no alcanzan la figura presidencial ni los estamentos con autoridad para fiscalizar negocios privados, especialmente si están ligados a intereses vinculados a la propiedad de esos medios. Conforme a una vieja práctica, los jefes del Estado son las personas mejor informadas. Reciben toda clase de información, pública y privada, de distintas procedencias, como los servicios de inteligencia y de grupos dedicados a la insana tarea de grabar conversaciones telefónicas y fisgar en las vidas privadas de las personas importantes. Sin embargo, a la hora de valorizar los hechos, los medios se cuidan de exculparlos de cuanto acontece.
Los presidentes en este país nunca saben nada cuando se trata de hechos que dañan a la población o violentan la ley. El problema nacional no es que se critique todo cuanto hacen los gobiernos. El problema consiste en la falta de vocación crítica en una sociedad sometida por voluntad propia al silencio; que lo calla todo. Nos falta sentido crítico.
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