El fiscal general James Uthmeier ha iniciado una investigación penal contra la plataforma Roblox, una de las más populares entre niños y adolescentes. La acusa de haberse convertido en un “caldo de cultivo para depredadores sexuales” y de no hacer lo suficiente para proteger a sus usuarios menores de edad.
No se trata de una demanda civil más: es un proceso criminal que podría marcar un precedente en la responsabilidad legal de las grandes empresas tecnológicas. Uthmeier asegura que existen pruebas de negligencia en el control de acceso, en la moderación del contenido y en el uso de la moneda virtual Robux, que habría sido utilizada para sobornar a menores a cambio de material sexual explícito.
En República Dominicana, un estudio presentado por Pelegrín Castillo y Priyanka Rodríguez advirtió que Roblox, Fortnite, TikTok y otras aplicaciones populares entre niños dominicanos ya están siendo utilizadas como canales de acercamiento por parte de depredadores sexuales. Según ese informe, las páginas de contenido sexual de niños han crecido en más de un 100%, convirtiendo a RD en un centro de exportación de contenido pederasta.
El país carece de un sistema integral de vigilancia y respuesta ante delitos digitales que involucren menores. No existen protocolos claros entre las autoridades, las escuelas y las familias, ni mecanismos de denuncia efectivos para los padres. En la práctica, la protección digital infantil depende del azar y del nivel de conciencia de cada hogar.
En un país donde más del 70% de los hogares tiene al menos un teléfono inteligente y donde el internet móvil se ha vuelto omnipresente, el acceso llega mucho más rápido que la prevención. República Dominicana todavía no tiene un marco legal actualizado sobre delitos en línea contra menores, y los organismos encargados de la ciberseguridad trabajan con recursos limitados y sin una estrategia nacional de educación digital.
**REDACCIÓN FV MEDIOS**