El Gobierno de Uruguay está ultimando los detalles para sumarse a la denuncia contra Venezuela presentada ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad. Esta medida busca ejercer una mayor presión sobre el presidente, Nicolás Maduro, a medida que se ahonda la crisis política en el país caribeño.
La denuncia, vigente desde el 2018, fue presentada en primera instancia por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Argentina, que retiró su apoyo a la misma en 2021 durante el Gobierno de Alberto Fernández, solicitó el año pasado su reincorporación. Los países demandantes instaron ya hace seis años al tribunal a investigar posibles crímenes de lesa humanidad y abusos de Derechos Humanos ocurridos en Venezuela desde 2014 bajo el Gobierno de Maduro.
Ahora, el Gobierno uruguayo ha pedido también sumarse a la demanda, según han confirmado fuentes del Ministerio de Exteriores al diario uruguayo El Observador. En este sentido, el país latinoamericano se encuentra preparando los documentos y argumentos jurídicos necesarios para unirse a la denuncia.
La decisión llega a medida que el chavismo se niega a publicar los resultados electorales de los comicios celebrados a finales de julio y que, según la oposición, son fraudulentos. Esta oposición ha convocado varias manifestaciones en ciudades de todo el mundo para protestar por un “fraude de ley”.
