El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se ha reunido este miércoles con el abogado del excandidato opositor Edmundo Gónzalez Urrutia, José Vicente Haro, sobre quien pesa una orden de arresto por negarse a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales celebradas a finales de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro.
“Hoy miércoles 4 de septiembre en mi condición de fiscal general de la República he recibido a José Vicente Haro en su calidad de apoderado del ciudadano requerido por la justicia venezolana Edmundo González Urrutia, quien me entregó en su nombre una comunicación“, ha indicado Saab a través de un comunicado publicado en la cuenta de la red social Instagram del Ministerio Público.
El fiscal también ha afirmado que tanto Haro como González “reconocieron las competencias constitucionales” de la institución para “emprender y desarrollar las investigaciones” respecto al caso abierto contra el político opositor.
Por último, Saab ha asegurado que a lo largo de la jornada del jueves dará “a conocer toda la verdad”, si bien no ha especificado a qué se refiere.
Por su parte, la defensa del abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha detallado que en la comunicación se solicita respeto a “la presunción de inocencia” y las “garantías procesales” que -asegura- “no estuvieron presentes” en las tres citaciones emitidas por la institución, que investiga al antichavista.
En una declaración ante medios de comunicación, José Vicente Haro, abogado del opositor, ha dicho que “el objetivo fue cumplido”, pues la idea era “obtener un acuse de recibo efectivo” y establecer “formalmente” ante la Fiscalía “las razones” por las que González Urrutia “no compareció” tras las citaciones, por lo cual un tribunal emitió una orden de captura.
En el documento, entregado por Haro y firmado por González Urrutia, se expresa que la “incomparecencia” no “obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución”, sino “al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones”.
“Estimo que tal comparecencia solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar”, ha expresado el opositor a través del escrito.
En las últimas semanas -prosigue el texto- se “han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado” que lo “condenan por anticipado y (…) sin fundamento”.
Al antichavista se le acusa de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, entre otros delitos, luego de que su coalición divulgara “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial otorgó la reelección a Nicolás Maduro.
González Urrutia aclaró en el documento que no era su responsabilidad “la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio” que recibieron los “testigos en las mesas de votación”.
Sin embargo, no considera que se “han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral”, ya que la entrega de actas a los testigos se contempla en el sistema venezolano “como una de sus garantías de confiabilidad”.
