En la República Dominicana se ha consolidado un fenómeno que erosiona la confianza en uno de los sectores con mayor proyección del país: el inmobiliario. El caso de un dominicano residente por más de 30 años en Estados Unidos, que perdió los ahorros de toda su vida al invertir en proyectos que nunca se materializaron, ejemplifica la gravedad del problema. Esto evidencia que, más allá del sueño de la vivienda propia o de una inversión rentable, existe un riesgo real de caer en fraudes que destruyen patrimonio, ilusiones y prosperidad.
El mercado inmobiliario dominicano ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por el turismo, el desarrollo costero, la inversión extranjera y la demanda de la diáspora. No obstante, en paralelo han surgido estafas cada vez más sofisticadas. Este aumento vertiginoso de los fraudes puede atribuirse a la alta demanda y a la fragilidad regulatoria del sector.
A esto se suma un sistema legal con sanciones débiles, donde, según expertos, las penas por estafa inmobiliaria son mínimas, lo que reduce el efecto disuasorio. Esta situación impacta negativamente en el clima de inversión extranjera y representa un factor de riesgo que debe analizarse con urgencia para no proyectar una imagen de país inseguro para invertir.
Resulta imperativo que las instituciones estatales, los entes reguladores y los organismos del sector actualicen la legislación para sancionar con mayor severidad las estafas, garantizar una protección efectiva a los compradores, mejorar los mecanismos de supervisión de proyectos y ejecutar campañas educativas que informen sobre cómo verificar la fiabilidad de una constructora.
Como ciudadanos, también debemos asumir nuestra responsabilidad: informarnos exhaustivamente, investigar a quienes reciben nuestros recursos —generalmente fruto de grandes esfuerzos— y desconfiar de aquellas ofertas que, presentadas como ‘gangas’, pueden terminar en un perjuicio económico irreversible. **REDACCIÓN FV MEDIOS**