República Dominicana ejerce regularmente su derecho a regular la presencia de extranjeros en su territorio aunque acogiéndose a tratos de excepcionalidad humanitaria que, entre otras consecuencias, llenan sus maternidades de parturientas no autorizadas a traspasar la frontera. Este país se comporta como la toda Europa que bloquea ingresos territoriales masivos de viajeros procedentes del Este y de Africa. Asimismo, Estados Unidos y Canadá, anteriormente decidido a repoblar su climáticamente inhóspito territorio con extranjeros, endurecen los impedimentos a recién llegados. Sin que contra estos poderes continentales Amnistía Internacional esgrima los duros expedientes a que tiene acostumbrada esta caribeña República de la parte oriental de la isla Hispaniola acusándola de racista, discriminatoria y ofensiva a la dignidad humana no existiendo en los hechos una política de Estado ni predominantes prejuicios ciudadanos como para tratar como seres inferiores a los haitianos de su vecindad.
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Lo que no podría descartarse –y el Estado está obligado a transparentar y autocriticarse- es que autoridades subalternas se aparten del compromiso universalmente reconocido por RD de detener, custodiar y repatriar a inmigrantes irregulares de todo nacionalidad con sujeción a protocolos contra excesos dirigidos a la integridad física y moral de esas personas , de los cuales la propia prensa dominicana ha dado testimonios gráficos como hechos inaceptables que se prestan a ser utilizados contra la buena imagen del país.
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