La campaña electoral en los pasados comicios de mayo se tornó incosteable para muchos legisladores y partidos políticos que no contaron con las astronómicas cifras en millones de pesos para entrar a la guerra por un puesto en el Congreso Nacional.
Ya que, en el caso de las diputaciones, las pujas significaron la inversión de más de más de dos millones pesos en provincias y sumas incalculables para candidatos patrocinados por grupos económicos o empujados por el oficialismo. Los diputados Juan Julio Campos y Pedro Botello Solimán ponen en contexto, para el periódico Hoy, lo que en términos económicos les representaron las elecciones del 24 de mayo, en la que concurrieron junto a los aspirantes a senadores y presidentes de la República.
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En el caso de los senadores, de acuerdo a Campos, diputado y excandidato a senador de la provincia La Altagracia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), buscar un escaño para llegar a la cámara alta implicó una aritmética inalcanzable. Se vio enfrentado a competidores que gastaron cifras de hasta seis dígitos, sumas que pasan de los cinco millones de pesos. Afirma que competir con rivales de gran botín, patrocinados por el Gobierno no le permitió ganar la senaduría, a pesar de que tenía las mediciones a su favor y una población de votantes que lo seguía. Considera que para sacar un senador se gastó unos 150 millones de pesos. Campos, abogado de profesión, indica que a la 1:00 de la tarde, del domingo 24 de mayo, cuando se creía que tenía la senaduría, vio helicópteros descender para repartir millones. “Ese es un senador legal, pero ilegítimo y el pueblo lo sabe”. La senaduría la obtuvo Rafael Barón Duluc (Cholitín), del Partido Liberal Reformista (PLR), aliado al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El legislador señala que es imposible cuantificar el gasto de un candidato del oficialialismo, debido a que tiene la posibilidad de invertir montos superiores en reparación de viviendas y en mobiliario para los votantes, con cantidad de dinero que no maneja un candidato de partido opositor. De acuerdo a Botello Solimán, quien perdió la candidatura para reelegirse como diputado de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), expresa que él solo invirtió dos millones en la representación de sus delegados políticos para el día del sufragio.
La suma no implica los gastos de publicad ni de actividades durante el proceso de campaña.
Al respecto, el legislador manifiesta que aunque la Ley 2023, del Régimen Electoral establece un tope del gasto para los partidos y cada nivel de elección popular, la Junta Central Electoral estableció el tope de de RD$ 105 por elector para lo congresional.
Sin embargo, el diputado señala que las elecciones en su municipio de La Romana variaron a partir del mediodía y hasta las 5:00 de la tarde, y las describe como “un mercado persa”, en la que representantes de candidatos a legisladores “compraban votos encima de la policía”. Expresa que el voto se compraba a cambio de enviar una foto y que hubo candidatos que cerraron tramos de calles hasta por cinco días para celebrar mítines políticos y no eran oficialistas. “Es indescifrable el gasto en campaña legislativa. Hay casos que sólo ellos pueden determinar la cifra que gastarón”. Concluye que no hay forma de cuantificar el gasto de candidatos que rindieron informes a la JCE, cuando en realidad invirtieron dinero de procedencia no determinada.
