Por: Ling Almánzar
El Defensor del Pueblo le ha salido al frente a la organización Amnistía Internacional, reconociendo que existen áreas que se pueden mejorar en materia de derechos humanos, pero ha dejado claro que su compromiso con los derechos fundamentales “no es negociable” y que República Dominicana es “un país soberano, con una profunda convicción en el respeto a la dignidad y a su Constitución“.
En un comunicado, dice que no aceptará presiones de organismos que no reconozcan los avances del país e invita a Amnistía Internacional a señalar un caso concreto en el que se haya violado los derechos humanos de algún inmigrante, garantizando que dicho caso recibiría “una respuesta responsable, coherente con los principios que han caracterizado la vida y el compromiso con la justicia y la equidad, de su titular y el equipo que conforma este órgano constitucional”.
“Las observaciones realizadas por Amnistía Internacional“, dice, “no reflejan con precisión los esfuerzos y logros que hemos alcanzado como nación. Si bien reconocemos que aún existen áreas de mejora, es fundamental destacar que nuestro compromiso con los derechos fundamentales no es negociable. Estamos trabajando de manera constante para fortalecer nuestras instituciones, promover la transparencia y garantizar que los derechos de todos los dominicanos y dominicanas sean plenamente respetados”.
La organización extranjera ha dicho que el país aplica políticas migratorias “racistas” en perjuicio de inmigrantes haitianos, a quienes supuestamente “discrimina” y deporta en forma masiva, “violando” sus derechos fundamentales.
Ante esas acusaciones, el Defensor del Pueblo, a cargo de Pablo Ulloa, afirma que seguirán “trabajando para garantizar un futuro en el que todos puedan vivir con dignidad y seguridad, bajo un Estado que respete y defienda los derechos de sus ciudadanos”.
“Nuestro país ha demostrado, a lo largo de su historia, su capacidad para enfrentar desafíos y avanzar en la construcción de una sociedad más justa y digna para todos los seres humanos, siempre en el marco del respeto a nuestra Constitución y a las instituciones que nos rigen”, indica.
“Nuestra prioridad es y siempre será el bienestar de nuestro pueblo, actuando en defensa de los derechos y bajo el respeto a nuestra Constitución y nuestras instituciones. En esa dirección continuaremos, sin aceptar presiones o valoraciones externas que no reconozcan nuestra realidad y nuestro progreso. La defensa de los derechos humanos en nuestro país es, y seguirá siendo, una responsabilidad asumida con seriedad y compromiso, basada en el respeto mutuo y la soberanía nacional“, concluye.
