
El escándalo por la detención de los “narcosobrinos” de Cilia Flores y Nicolás Maduro marcó uno de los primeros momentos en los que la justicia de Estados Unidos puso bajo la lupa al círculo íntimo de lo que era la expareja presidencial de Venezuela. Más de una década después, este caso cobra relevancia por el proceso judicial que ahora enfrentan ambos líderes socialistas en tribunales federales estadounidenses.

Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, fueron detenidos en noviembre de 2015 por agentes de la Administración para el Control de Drogas en Puerto Príncipe, Haití, cuando presuntamente intentaban introducir cerca de 800 kilogramos de cocaína en territorio estadounidense.
Las acusaciones fiscales señalan que ellos preparaban un envío de drogas destinado a su posterior distribución en Estados Unidos. La detención resultó de una operación encubierta internacional, coordinada con autoridades haitianas, y dio inicio a una investigación liderada por el Distrito Sur de Nueva York, jurisdicción clave en casos de crimen organizado y narcotráfico transnacional.
Un año después, en noviembre de 2016, Campo y Flores fueron declarados culpables de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Durante el proceso, los fiscales sostuvieron que parte de los fondos obtenidos servirían para “ayudar a su familia a mantenerse en el poder”, una afirmación que vinculó a altos funcionarios venezolanos con redes de narcotráfico.
En diciembre de 2017, los condenaron a 18 años de prisión. Pero el caso dio un giro inesperado en octubre de 2022, cuando el entonces presidente demócrata Joe Biden autorizó la liberación de los “narcosobrinos” y su retorno a Venezuela.
La decisión formó parte de un acuerdo diplomático con el entonces régimen de Nicolás Maduro para lograr la excarcelación de ciudadanos estadounidenses, exejecutivos de Citgo, la filial de PDVSA en Houston, acusados de presunta corrupción.
Posteriormente, en diciembre de 2025, el gobierno de Donald Trump volvió a sancionar a Campo Flores y Flores de Freitas, junto con otro sobrino de Cilia Flores, Carlos Erik Malpica Flores, bajo acusaciones de contribuir al narcotráfico internacional, a través de medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Las capturas de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el nuevo capítulo
En la madrugada del sábado 3 de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York contra el líder venezolano, su esposa y otros altos funcionarios, por cargos que incluyen conspiración de narcotráfico y narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y destructivas, y conspiración para emplear estos medios contra intereses del país.
Según la acusación, durante décadas Maduro y su entorno habrían aprovechado sus posiciones de poder para facilitar el ingreso de toneladas de cocaína a Estados Unidos, corromper instituciones del Estado y colaborar con organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y cárteles mexicanos, además de liderar el denominado Cartel de los Soles.
Para la justicia estadounidense, estas acciones no solo constituyen delitos graves contra la salud pública y la seguridad nacional, sino que encajan en la figura de narcoterrorismo por la vinculación con grupos armados y el uso de aparatos institucionales para fines criminales.
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