Washington.– El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó este jueves su preocupación por los «intentos» de Brasil de «utilizar el proceso legal para instrumentalizar diferencias políticas» y celebró la aprobación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca reducir la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) como «un primer paso» para abordar estos abusos.
Landau subrayó, en su cuenta oficial de X, que Estados Unidos ve en esta aprobación una oportunidad para encaminar mejoras en las relaciones bilaterales, reforzando la importancia de la independencia judicial y del respeto al Estado de derecho como pilares de la democracia.
«Por fin estamos viendo el inicio de un camino hacia la mejora de nuestras relaciones», afirmó el funcionario.
El proyecto para reducir la condena de Bolsonaro
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada del miércoles un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente ultraderechista (2019-2022), condenado a 27 años y tres meses de prisión, y de otros participantes en los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022.
La medida ha generado críticas tanto dentro como fuera de Brasil, al percibirse como un posible uso político de la justicia.
El proyecto, que podría hacer que Bolsonaro deje la prisión en régimen cerrado en poco más de dos años, será sometido a votación en el Senado y, de aprobarse, pasará a manos del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien decidirá si lo veta o no.
«Ahora lo que hay que hacer es dejar que el Poder Legislativo se pronuncie. Cuando llegue al escritorio del Poder Ejecutivo, tomaré mi decisión», afirmó Lula este jueves en una entrevista a la TV Alterosa, del estado de Minas Gerais.
Los debates sobre las reformas judiciales han suscitado protestas ciudadanas y preocupación de organismos internacionales sobre la solidez de las instituciones democráticas en Brasil.
Estados Unidos ha mantenido un seguimiento cercano a la situación en el país suramericano, reiterando su compromiso con la estabilidad democrática en la región y la necesidad de que la justicia no se utilice con fines políticos, en un momento en que las elecciones de 2026 se aproximan y la polarización continúa marcando la agenda política nacional.