La Casa Blanca informó que la decisión se basa en la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución a opositores políticos, el uso de la violencia y las detenciones arbitrarias, entre otros
Estados Unidos prolongó por un año más el decreto que declara a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior del país.
El escrito firmado por el presidente Joe Biden este martes precisa que “la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales” así como “detenciones arbitrarias de manifestantes y la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental” son las principales razones que motivaron a la Casa Blanca a prolongar la medida, en efecto desde 2015.
Estas circunstancias “continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, concluyó el escrito.
La tensa relación entre Washington y Caracas data desde hace años pero se intensificó en los últimos, incluso desde 2018 cuando Nicolás Maduro asumió su segundo mandato en el Palacio de Miraflores en unas elecciones que Estados Unidos no reconoce por haber sido fraudulentas.
Como parte de su respuesta a estos abusos, además de declarar la emergencia nacional con respecto al país caribeño, la Casa Blanca impuso una serie de sanciones. No obstante, en un intento por mejorar las relaciones diplomáticas y conseguir que Maduro se siente en la mesa de negociaciones por las elecciones presidenciales a celebrarse este año, Biden accedió a levantar parcialmente algunas de estas medidas en octubre pasado.
Esta iniciativa se produjo en el marco del Acuerdo de Barbados, que juntó a la oposición con el oficialismo para debatir las bases y lineamientos generales para los comicios.
Sin embargo, hasta el momento, el chavismo ha incumplido con su palabra, lo que podría llevar a que Estados Unidos impusiera nuevamente las restricciones.
Este mismo martes, el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo oficialista, confirmó que las elecciones presidenciales tendrán lugar el 28 de julio. El presidente del ente, Elvis Amoroso, dijo que la decisión fue aprobada por “unanimidad” tras “evaluar y estudiar todas las propuestas” que habían sido presentadas por el Poder Legislativo, 27 en total.
El problema es que, mientras Maduro está en carrera por una nueva reelección, de cara a lo que sería su tercer mandato, la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, continúa inhabilitada, a pesar de que el Acuerdo de octubre definió el levantamiento de esta medida. Por el contrario, en enero, el oficialismo ratificó la decisión por supuestamente “haber sido partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó” y por haber propiciado el “bloqueo criminal” sobre el país y el “despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo”.
Es por ello que la antichavista Plataforma Unitaria Democrática no suscribió al documento de las últimas horas a la espera de noticias que hagan valer lo acordado en octubre y permitan a Machado competir.
Asimismo, desde la oposición han señalado que el régimen de Caracas aún no ha tomado medidas concretas con miras a garantizar que dichos comicios se desarrollen en un marco de transparencia y en pleno respeto de la democracia.
FUENTE/ INFOBAE
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