El líder opositor venezolano Edmundo González ha denunciado este miércoles haber sido coaccionado por las autoridades chavistas para firmar un documento en el que reconocía la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones a cambio de permitir su salida del país rumbo a España.
González ha contado cómo estando él en la residencia del embajador de España, Ramón Santos Martínez, acudieron el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, con un documento que debía refrendar para poder salir del país. “O firmaba o me atenía a las consecuencias”, ha asegurado.
“Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado (…) Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento”, ha declarado en un vídeo a través de redes sociales.
“No les voy a traicionar”, ha asegurado González, quien ha reprochado al Gobierno de Maduro estar llevando a cabo esta última maniobra en lugar de publicar las actas. “La verdad está en las actas que pretenden ocultar”, ha dicho. “No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato”, ha dicho González.
En la víspera, algunos medios venezolanos se hicieron eco de una carta en la que González refrendaba con su firma la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratifica la victoria de Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio.
Este mismo miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha asegurado que fue el propio González quien en los días previos se puso en contacto con las autoridades chavistas para hacerles llegar su “deseo” de salir del país, siendo él y Rodríguez los encargados por Maduro de negociar.
Así, ha revelado que ambos fueron invitados la noche de la salida de González a la Embajada de España en Caracas, en donde tuvo lugar la firma de dicho documento, en el que el opositor asumió el acatamiento de las decisiones adoptadas por los órganos de justicia que emanan de la Constitución, aún no estando de acuerdo con ellas.
