En el país quedó documentado, con pruebas en mano, que a más de 240 mil usuarios de EDEESTE se les cobró de más para “maquillar” la baja cobranza de la empresa. No se trató de un rumor ni de una sospecha: fue un informe técnico interno que se filtró y ponía en blanco y negro una práctica abusiva contra la gente.
Lo más grave no es solo la estafa, sino la indolencia institucional. Ni la Superintendencia de Electricidad ni PROTECOM reaccionaron con la contundencia que el caso ameritaba. El tiempo jugó a favor de los responsables, hasta que, con los años, el incumbente fue destituido. Una salida administrativa tardía que en nada resarce a las familias que vieron sus bolsillos golpeados.
Hoy, cuando Celso Marranzini confirma públicamente lo que aquel documento ya advertía y anuncia sometimientos judiciales, la noticia llega con un sabor agridulce. Por fin alguien parece pensar en el usuario, pero… ¿de qué sirve la justicia tardía? ¿Quién devuelve lo perdido?
La pregunta no es solo si EDEESTE cobraba de más, sino por qué fallaron y callaron los órganos de control. ¿Para qué sirve PROTECOM si, ante un fraude masivo, se limitó a archivar quejas? ¿Para qué sirve una Superintendencia si, con un informe sobre la mesa, esperó a que el tiempo borrara responsabilidades?
El país necesita que este caso marque un antes y un después:
Que se indemnice a los usuarios afectados.
Que se sienten precedentes judiciales.
Que se fortalezca la supervisión del sector eléctrico.
Porque si no, todo quedará en lo mismo: titulares escandalosos, un destituido de turno y una ciudadanía condenada a pagar la factura más cara de todas, la de la impunidad.
REDACCIÓN FV MEDIOS