La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) fijó este martes su posición frente al proyecto que busca modificar la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, advirtiendo que las reformas planteadas podrían significar un retroceso ambiental, debilitar la transparencia y comprometer los avances logrados en sostenibilidad.
Durante un encuentro con sus miembros, que contó con la participación del ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, la presidenta interina de Ecored, Christy Luciano, afirmó que la actual legislación —aprobada tras casi una década de debates y consenso multisectorial— ha permitido al país encaminarse hacia una economía circular, generando innovación, empleo verde y nuevos modelos de negocio sostenibles.
Luciano señaló que, según la Encuesta Nacional de Actividad Económica 2023, el 25 % de las empresas dominicanas ya separa o trata residuos, el 34 % invierte en prevención de contaminación y cerca de un 18 % ha generado empleos verdes. “El sector privado ha asumido compromisos tangibles con la sostenibilidad”, sostuvo.
No obstante, Ecored alertó que la modificación propuesta pone en riesgo pilares clave de la ley vigente, incluyendo la trazabilidad de los residuos, y podría afectar la libre competencia al facilitar la concentración de mercado, comprometiendo la confianza de inversionistas y el equilibrio público-privado en la gestión de residuos.
La entidad empresarial también manifestó su preocupación por la intención de alterar la gobernanza del Fideicomiso DO Sostenible, excluyendo a Ecored y al Ministerio de Hacienda e incorporando actores que, según advirtió, podrían actuar como “juez y parte”, lo que rompería el balance institucional construido.
En ese contexto, Ecored reiteró que “la solución no es desmontar el marco legal actual”, sino fortalecer su implementación mediante reglamentos, normas técnicas e instrumentos financieros. Propuso la conformación de mesas público-privadas y un diálogo multisectorial basado en evidencia técnica para revisar puntos específicos sin comprometer el consenso logrado.
“La sostenibilidad no puede retroceder cuando ya tenemos evidencia de avances concretos. Estamos aquí para construir soluciones técnicas y viables, no para desmontar consensos logrados”, enfatizó Luciano.
La Ley 225-20 fue promulgada en octubre de 2020 y forma parte del marco normativo con el que República Dominicana busca alinear su desarrollo a los compromisos climáticos internacionales y a los principios de la economía verde.