Luis Matías
El Pregonero, Santo Domingo.-La República Dominicana ha mantenido un desempeño económico sólido durante las últimas décadas, destacando la recuperación después de la crisis provocada por la pandemia, en 2024 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5.0 %, cifra que supera ampliamente el promedio regional. Este dinamismo fue impulsado por sectores clave como el turismo que alcanzó un récord de 11.2 millones de visitantes no residentes, remesas históricas por US$10,756 millones y una inversión extranjera directa (IED) de US$4,512 millones, concentrada principalmente en bienes raíces, energía y transporte.
Pese a las revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento, el Marco Macroeconómico Plurianual (MMP) estima una expansión real del PIB de 3.0 % para 2025, con una recuperación gradual hacia el 4.5 % en 2026. Este entorno macroeconómico relativamente favorable brinda espacio para moderar las preocupaciones de corto plazo y mantener expectativas positivas de cara al mediano plazo.
Sin embargo, este desempeño se da en un contexto internacional desafiante, marcado por tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias persistentes y condiciones financieras globales más restrictivas.
Estas variables externas plantean importantes retos internos, especialmente en lo relativo a la necesidad de una política fiscal prudente, en un contexto de crecimiento sostenido del servicio de la deuda pública. Este escenario exige una administración eficiente de los recursos del Estado para preservar la estabilidad macroeconómica alcanzada.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), hasta julio de 2025 las recaudaciones tributarias crecieron un 11 % interanual, superando las metas presupuestarias. Este resultado refleja mejoras en la eficiencia de la administración tributaria y en el cumplimiento por parte de los contribuyentes, factores clave para la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.
No obstante, persisten retos estructurales importantes. Para 2026 se proyecta un déficit fiscal de RD$254,916 millones (equivalente al 2.9 % del PIB), evidenciando una brecha constante entre ingresos y gastos. A esto se suma un elevado costo del servicio de la deuda, que alcanzará RD$322,560.9 millones. Además, sectores como el eléctrico continúan ejerciendo una presión significativa sobre las finanzas públicas, con transferencias anuales superiores a los US$1,600 millones.
Durante la reciente visita del Fondo Monetario Internacional (FMI), realizada en septiembre de 2025 en el marco de la revisión del Artículo IV, se reiteraron preocupaciones sobre estos desequilibrios fiscales. La misión del FMI advirtió que, de no adoptarse medidas correctivas, la estructura fiscal podría limitar la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento. En particular, se destacó la necesidad de crear espacio fiscal para mejorar la calidad del gasto y permitir una mayor focalización en inversión pública.
En ese sentido, la clave para sostener la estabilidad y el crecimiento en los próximos años radica en avanzar hacia una consolidación fiscal gradual, acompañada de reformas estructurales orientadas a elevar la productividad, mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer los ingresos. Esto implica intervenir en sectores estratégicos como el eléctrico, al tiempo que se impulsa la calidad del gasto en áreas sociales como salud y educación, así como la promoción de la inversión privada y la atracción de capital extranjero.
A pesar de los desafíos, el FMI también destacó logros importantes: una inflación controlada en torno al 3.4 %, un déficit de cuenta corriente moderado (3.3 % del PIB), financiado principalmente con inversión extranjera directa, y la fortaleza del sistema financiero, con adecuados niveles de capitalización.
El panorama actual exige decisiones estratégicas, nuestra economía ha demostrado capacidad de adaptación a través del tiempo, pero para consolidar estos logros y retomar una senda de crecimiento sostenido, será fundamental avanzar en reformas que fortalezcan el marco fiscal, impulsen la productividad y garanticen una asignación eficiente de los recursos públicos. Solo así podrá despejarse el camino hacia un crecimiento económico más sostenible e inclusivo.