Santo Domingo.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal impuso 30 años de prisión a Juan Alberto Perdomo y Manuel Francisco Pichardo, declarados culpables de asesinar al ganadero Eduardo Generoso Pérez y a su pareja Maribel del Carmen Acosta, en un hecho ocurrido en abril de 2023 en el distrito municipal Estero Hondo, municipio Villa Isabela, provincia Puerto Plata.
Según el expediente acusatorio, los condenados, que trabajaban para el ganadero, aprovecharon su condición de empleados de confianza para sustraer y vender reses de la propiedad de la víctima. Al descubrir el robo, Pérez los enfrentó, y los acusados planificaron y ejecutaron su asesinato junto al de su compañera sentimental.
El documento detalla que ambos hombres golpearon a las víctimas con palos y una llave de hierro (Stillson), luego quemaron los cuerpos dentro de la finca y simularon su desaparición.
Tras el crimen, los agresores robaron los teléfonos del ganadero y enviaron mensajes a sus familiares para hacerles creer que seguían con vida, mientras continuaban vendiendo el ganado robado y suplantaban la identidad de Pérez.
La investigación fue realizada por los fiscales José Armando Tejada (fallecido durante el proceso), Julio César Gómez Quintana, Patricia Lagombra y el procurador general de corte Miguel Antonio Ramos, de la Dirección de Desaparecidos.
Durante el juicio, la fiscal litigante Ana Mariela Hernández demostró la culpabilidad de los imputados más allá de toda duda razonable, presentando restos óseos incinerados, objetos utilizados en el crimen, teléfonos celulares, prendas con manchas de sangre y un DVR dañado con el que intentaron eliminar evidencias.
El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 302, 379 y 386-3 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, el asesinato y el robo asalariado.
El Tribunal Colegiado de Puerto Plata, integrado por las juezas Jakayra Veras, Benecia Rojas y Yenny Martínez, dispuso que ambos condenados cumplan su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, además del pago de una indemnización a los familiares de las víctimas.