Nueva York – Ramona Cruz Sanabria o “Doña Ramona”, como la identifican sus familiares y amigos, habla con rapidez, pero con firmeza. El tiempo no le ha quitado lo vivaz a su voz, reflejo de su espíritu combativo. Mientras conversa con El Diario por videollamada desde su vivienda ubicada en el sector Playuela de Aguadilla, municipio en la zona oeste de Puerto Rico, se aprecian múltiples retratos de parientes enmarcados y colgados en la pared.
Ramona sabe que el hogar, más allá del espacio físico, es el lugar donde se guardan las historias y los sentimientos que mueven a un ser humano.
En su caso, las memorias que atesora se han ido acumulando por más de 100 años y trascienden las fotos.
La anciana se agarra de los recuerdos que habitan en su casita de madera pintada de amarillo y azul para mantener la esperanza.
De repente, se escucha un matiz de impotencia en su voz.
“Me siento como invisible, que nadie me ve, que nadie me escucha”, cuenta a este rotativo.
Ramona procede a remontarse a sus experiencias en la zona desde que era una niña.
“Aquí fue que nací y di los primeros pasos. Aquí me crié con nueve hermanos. Hemos corrido todo este monte; hemos disfrutado la playa…es un sentimiento que hay dentro de mí, valioso, que nadie me lo va a quitar, porque yo voy a luchar hasta el final, como dice el puertorriqueño, ‘como gato boca arriba’”, asegura Ramona.
Hoy, a sus 76 años, esta mujer debería estar disfrutando de la vejez junto a sus hijos y nietos; contándoles historias de sus antepasados y disfrutando los amaneceres de sol, arena y mar desde su patio.
Sin embargo, la sobreviviente de cáncer en la piel se levanta cada día pensando cómo evitar que la desahucien a ella y a su esposo Jacobo Pérez Soto de la casa. Su último recurso, dice, es la solidaridad ciudadana.
“Que no me vean como invisible. Yo soy visible. Soy una persona”, insiste Ramona.
La familia de Ramona lleva habitando el área hace más de 130 años.
Un hacendado estadounidense, verbalmente, le dio permiso al padre de Ramona para que construyera la casa, según contó la mujer en entrevista con El Diario.
“Para el tiempo de antes no existían los papeles que hay ahora; era la palabra de la persona”, explicó Ramona.
Posteriormente, en 1989, la finca fue vendida a los Añeses, que hoy son propietarios de Playa India, S.E.
El sistema judicial le dio la razón a Carlos y Víctor Añeses en el caso por la titularidad de los terrenos. El interés de los hermanos es, supuestamente, construir un complejo turístico en la zona.
Antes de eso, Ramona debe desalojar el espacio.
“Una vez llegue la orden de lanzamiento, Doña Ramona está susceptible a que los alguaciles diligencien la orden de lanzamiento”, precisó su abogada Ariadna Godreau Aubert, fundadora de Ayuda Legal en Puerto Rico, también en entrevista con este rotativo.
La anciana narró a este periódico que la lucha la tiene agotada física y emocionalmente, pero que no desistirá.
“Me siento cansada. Me he sentido agobiada. Me da taquicardia. Se me subió la diabetes. Me he sentido bien mal como si estuviera bien cansada. Yo siento como que ya no puedo con esta lucha, pero seguiré luchando”, dijo.
A preguntas sobre qué la mantiene de pie, Ramona contestó: “Tener fe en el Señor, porque yo sé que Dios nunca me ha dejado y nunca me dejará. Él es el que me da la fuerza y la fortaleza, y el que me dice, ‘sigue adelante, no te rindas’”.
“Estamos luchando por nuestras tierras desde hace tiempo“
En esta batalla, sus nietos han sido clave. A juicio de una de ellas, Tiara Pérez Jaime, la lucha que su abuela encabeza dramatiza el clamor de varios sectores que buscan evitar los desplazamientos de puertorriqueños menos pudientes para privilegiar los desarrollos de grandes proyectos turísticos en la costa.
“Realmente, no estamos luchando por simplemente un hogar. Estamos luchando por nuestras tierras desde hace tiempo. Son más de 140 años que mi familia lleva viviendo aquí. Mi abuela lleva viviendo aquí desde que nació. Esto no es simplemente un hogar, para mí es un sentimiento. Aquí yo nací también, nacieron mis hermanos, mi mamá. No simplemente estamos luchando por un hogar, sino también por nuestras tierras porque, qué va a ser de nosotros mañana si siguen llegando y quitándonos nuestras casas. Esta lucha es más que importante, no solamente para Ramona y nuestra familia, sino para el pueblo completo. Hoy es mi abuela, pero alrededor de Puerto Rico están pasando muchas situaciones así, y quiero que se haga justicia; que a largo plazo se siga haciendo justicia por cada uno de nosotros que estamos perdiendo nuestras tierras”, denunció la joven.
Pérez Jaime añadió que, para evitar que su abuela sea desalojada, están dispuestos a resistir hasta donde sea posible.
“Estamos dispuestos a quedarnos aquí aunque lleguen a sacarnos. Estamos dispuestos a hacer manifestaciones para que mi abuela no pierda su hogar”, insistió.
“No nos vamos de aquí aunque lleguen los alguaciles (con la orden de desahucio)”, continuó.
“O sea, ustedes están dispuestos a que los arresten si es necesario…”, preguntó El Diario.
“Si es la última opción que tenemos, de ser necesario, estamos dispuestos”, respondió Pérez Jaime mientras Ramona asentía con la cabeza.
Pérez Jaime agregó que, con ayuda de grupos comunitarios y activistas, esperan levantar oficialmente el “Campamento Ramona” para que simpatizantes se instalan en la zona y tratar de evitar el desalojo.
“Salvemos A Playuela” es una de las organizaciones que ha expuesto públicamente la lucha de Ramona y su familia. El grupo inició una campaña de firmas en Change.org que busca detener el desalojo.
El largo proceso judicial de Ramona
Godreau Aubert, quien representa a Ramona desde diciembre del año pasado, explicó que el caso de Ramona llegó a Ayuda Legal cuando el Tribunal de Apelaciones le falló en contra.
Sin embargo, la disputa lleva activa más de 30 años en los tribunales.
Fue en el 1993 cuando la empresa Playa India S.A. presentó la demanda contra Ramona. En el 1997, las autoridades judiciales le dieron la razón a la compañía en cuanto a la titularidad. Sin embargo, por 21 años, los Añeses no presionaron para sacar a la mujer de su residencia. En el 2017, tras el huracán María, empleados de Playa India S.A. acudieron a la vivienda y removieron paredes bajo el alegato de que son los propietarios.
En el 2018, los hermanos acudieron nuevamente al Tribunal de Aguadilla para insistir en su reclamo.
El argumento de usucapión
El argumento de la defensa de Ramona se basa en usucapión.
La usucapión de un bien inmueble exige la posesión durante cinco años con justo título y buena fe o de 20 años sin necesidad de título ni de buena fe, de acuerdo con el Artículo 475 del Código Civil de Puerto Rico.
Godreau Aubert planteó que, en el caso de Ramona, el mayor problema es que su clienta no tuvo la oportunidad de demostrar en el foro de primaria instancia que usucapió.
“Lo complicado en el caso de Ramona es que, cuando uno lleva un caso al Tribunal Supremo, uno no puede presentar prueba que no se haya presentado en el Tribunal de Primera Instancia originalmente…Usualmente, la prueba se presenta en el Tribunal de Primera Instancia y uno va subiendo con esa misma prueba. En el caso de Doña Ramona, ella no tuvo la oportunidad de demostrar en el Tribunal de Primera Instancia algo que los propios Añeses admiten en una entrevista, que es que Doña Ramona, usucapió, y qué significa eso, que por el mero paso del tiempo Doña Ramona cumplió los años que necesita para convertirse en una dueña bajo nuestro derecho. Doña Ramona no pudo probar eso esa prueba en Primera Instancia, así que cuando el caso llega a nosotros en el Tribunal Supremo, tenemos el espacio bastante restringido. Por eso es que la solicitud al Tribunal Supremo era que devolvieran el caso al Tribunal de Primera Instancia para que Ramona tenga la oportunidad de presentar una prueba que es evidente, que es obvia, que todo el mundo en P.R. sabe, pero que, para efectos del sistema de justicia, había que pasarla en la corte”, detalló la licenciada.
“Nuestra posición en derecho es que, por el tiempo que Ramona ha vivido en esa área, sin duda es dueña del terreno por usucapión. Usucapión, antes eran 30 años; ahora son 20. (La vivienda de Ramona) lleva 140 años”, puntualizó.
Tribunal Supremo se negó a ver el caso de Ramona
En marzo pasado, el Tribunal Supremo, máximo foro al que se puede llevar el caso, rechazó la segunda petición de reconsideración de Ramona y su abogada para que detuvieran la orden de desahucio.
“El Tribunal Supremo tiene discreción casi absoluta para no atender los casos fuera de contadas excepciones, así que el tribunal denegó el recurso y ya”, señaló Godreau Aubert.
En diciembre, el Supremo ya había determinado que no atendería la solicitud. Tras ese primer fallo, la defensa de Ramona presentó un escrito de reconsideración. En respuesta, el 26 de marzo, el Supremo declaró “no ha lugar” la petición.
Ante la negativa del Supremo en atender el litigio, la defensa de Ramona ya agotó todos los recursos legales disponibles.
“A nivel legal, respecto al desahucio, las manos están atadas sobre lo que ya el tribunal decidió. Eso no significa que Ramona no tenga otros recursos que no sean legales, o que Doña Ramona no pueda tener otras cosas que ella pueda hacer en caso de que sus derechos se le violen porque se trata de desalojar a la fuerza”, indicó la abogada.
“Yo creo que es importante reconocer que una cosa es lo que la gente a veces tiene la oportunidad de probar en un tribunal y otra es la realidad; lo que se pasa en un tribunal no, necesariamente, es la realidad. En el caso de Doña Ramona, ella de manera muy consistente ha estado levantando el reclamo sobre esa propiedad. Además, una cosa que también me parece importante es que, cuando a Ramona se le ofrece ese otro predio, que es una finca enclavada, con un terreno rocoso que no necesariamente está claro cuánto le costaría a la familia. Una cosa es cómo se le ofrece el terreno y qué condiciones reales hay de que Ramona viva ahí”, argumentó la abogada.
En ese sentido, Godreau Aubert cuestionó los supuestos planes de los Añeses para un desarrollo turístico en la zona.
“El interés es quitarle un buen terreno que es de ella para ellos poder explotar ese espacio, lamentablemente porque el Tribunal Supremo se niega a acogerlo, se niega a escuchar estos planteamientos que también son de derecho. Quién le va a dar permiso a los Añeses para construir siendo esto zona marítimo terrestre, porque desde que la familia de Ramona se mudó ahí hace unos 140 años eso no era zona marítimo terrestre, pero ahora lo es. Y ellos tienen varias consultas de permisos presentadas con OGPe (Oficina de Gerencia de Permisos); ellos empezaron varios procesos. Quién le va a dar un permiso…y una cosa es hablar de una vivienda de una familia en P.R. empobrecida en zona marítimo terrestre que se construyó hace 140 años atrás a un desarrollo turístico en este espacio”, expuso.
“(El Departamento de) Recursos Naturales (DRNA) están obligados a realizar los deslindes. Así que va a ser interesante cuando se haga el deslinde aquí qué es lo que se va a decir sobre la zona marítimo terrestre”, añadió.
El terreno que le ofrecieron a Ramona para que entregara su casa
A preguntas de El Diario sobre el ofrecimiento de los Añeses del terreno a Ramona y su familia para que se mudarán, Pérez Jaime reafirmó que los predios no eran habitables y que tampoco tienen el dinero para construir en la zona.
“Ese terreno, tenías que pasar primero, una propiedad privada; no tenía entrada propia. No tenía poste, agua, no tenía absolutamente nada. Literalmente, era una zona inundable y solamente eran 500 metros, y nos enteramos que hay una ley ahora en P.R. que un terreno tiene que tener más de 500 metros para poder construir una vivienda. El lugar era no habitable para nadie. Literalmente, era un monte”, enumeró la nieta.
El argumento de los Añeses
Entre otras cosas, los Añeses plantean que Ramona ocupa el terreno en violación a la ley o que hay “casas ocupadas y construidas ilegalmente” en el espacio.
Sobre el terreno ofrecido a Ramona, los Añeses plantearon que está localizado dentro de la misma finca. Añadieron que, inicialmente se le ofreció un solar de 350 mc y se negoció uno por 400 mc. “El juez solicitó que esa oferta se hiciera por escrito y se sometiera mediante moción. Tanto la oferta como el rechazo consta en el expediente judicial”, indicaron los demandantes a Prensa sin Censura.
Según el dúo, a Ramona “se le han provisto todas las garantías procesales y todo el tiempo necesario para probar su caso y los tribunales no le han dado la razón a base de la prueba que se evaluó por jueces imparciales”.
Los hermanos sostienen además que si no hubieran prevalecido en los tribunales no estarían insistiendo en el desahucio de Ramona.
“Por nuestra parte, Playa India, si hubiéramos perdido en cualquiera de los caso vistos en el Tribunal, nosotros respetaríamos la decisiones tomadas por nuestra instituciones aunque sintiéramos que no fueran justas”, lee el escrito divulgado por el referido medio.
El caso de Ramona ejemplifica el problema de desplazamientos en Puerto Rico
Godreau Aubert considera que el caso de Ramona es reflejo de un problema mayor de desplazamientos en la isla, así como de la falta de legislación y política pública que incentive el acceso a la vivienda asequible.
En ese contexto, la abogada destacó que la tendencia que se está viendo en P.R. no debe atribuírsele solo a extranjeros, y que de esto es muestra el caso que representa.
“Hay que desmentir esa idea de que cuándo usted hablando de alquileres a corto plazo, desarrollo turístico indiscriminado, especulación con temas de vivienda, es una lucha o guerra xenofóbica contra los estadounidenses. Eso no es. Se trata de que cualquier tipo de práctica que priorice el desarrollo turístico sobre la vivienda, que promueva una inequidad de poder donde tú puedas desplazar a alguien para intentar construir un desarrollo turístico donde no puedes construir a sabiendas de que ese es el ordenamiento…habla un poco de falta de prioridad sobre el tema de vivienda y cómo se desplaza. Se hace desplazador una persona interna o una extranjera”, señaló.
A juicio de la abogada, las autoridades gubernamentales a nivel general necesitan impulsar mayores protecciones para residentes locales.
“Esto que le está pasando a Ramona, pasa todos los días, en términos de vistas de procesos de desahucio que son muy cortas….Te tengo que decir que en P.R. hay muy pocas protecciones. Para que tengas una idea, en lo que va de 2024, ya se han presentado 1,024 casos desahucios de por impago nada más. En el caso de Ramona, es terrible, y, a la misma vez, es un espacio para probar lo que nosotros sabemos. La política pública que existe ahora mismo sobre temas de vivienda no favorece a la gente que está en riesgo de quedar desalojada; es un derecho que es muy inequitativo que permite abusos como este y a veces es casi imposible que el tribunal, con el derecho que tenemos, lo pueda ver. Yo creo que Doña Ramona prueba que no siempre la justicia se consigue en los tribunales, y que lo esencial la gente lo tiene que hacer visible de otras maneras que no necesariamente va a ser en la corte”, detalló la entrevistada.
“Estamos en año de elecciones. Yo creo que el caso de Ramona no le beneficia a nadie. Aunque es cierto que los intereses tienen los bolsillos muy profundos, la realidad es que el caso de Ramona mueve a la gente porque todo el mundo en este país, fuera de muy pocos sectores de excepción, tienen inseguridad en la vivienda. Tú no sabes cómo vas a pagar la luz mañana, porque no sabes cómo te va a venir esa factura. No tienes dinero por si viene una enfermedad crónica o un cáncer, un divorcio, un accidente, y tú te quedas sin trabajo, tienes inseguridad en la vivienda”, recalcó.
Otros desarrollos en disputa en Aguadilla
El caso de Ramona no es el único que evidencia la lucha de los boricuas para frenar desarrollos turísticos en las costas o en zonas de alto valor ecológico y/o histórico.
También en Playuela, está en controversia el desarrollo del proyecto hotelero Cristopher Columbus Landing.
En abril pasado, la OGPe ordenó la suspensión inmediata de la extracción de la corteza terrestre en el área donde se construye el complejo por la presencia de objetos de valor histórico o arqueológico. La oficina gubernamental ordenó al proponente coordinar con el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el DRNA cualquier evaluación requerida por estas últimos para continuar con las obras.
Grupos comunitarios y medioambientales como el mencionado “Salvemos a Playuela” y otros que forman parte de la Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste se oponen a la construcción porque la zona costera, con acantilados y bosques que albergan más de 600 especies de flora y fauna, además de los restos arqueológicos que datan del periodo prehispánico.
En otro caso de esta índole, el año pasado, la empresa Aguadilla Pier Corp. tuvo que demoler dos estructuras sobre la cueva Las Golondrinas, en específico un salón de actividades y un potrero que no contaban con los permisos correspondientes.
A esta fecha, no está claro si la empresa completó la restauración del área a su estado original como se suponía.
Hasta el verano pasado, la compañía no había pagado las multas que le fueron impuestas por provocar daños a un tanque de melaza con valor histórico en el antiguo muelle de azúcar.
El caso por el desarrollo sobre la cueva se tradujo en enfrentamientos entre activistas y personal de seguridad de la edificación, propiedad de Carlos Román González, incluyendo uno en el que un manifestante resultó herido de bala por un guardia.
Activistas de la diáspora se hicieron eco de los reclamos de los activistas en este caso y pidieron una investigación a fondo de los hechos.