Un ciudadano dominicano detenido en Puerto Rico fue trasladado recientemente al controvertido centro de detención Alcatraz Caimán en Florida. Esta instalación ha generado múltiples denuncias por presuntas condiciones inadecuadas, según reveló el medio puertorriqueño El Nuevo Día.
El testimonio del migrante dominicano ha causado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. El hombre asegura que pasó 24 horas sin ingerir alimentos ni tener acceso a higiene básica, manteniendo las extremidades esposadas durante todo el trayecto.
Este traslado representa un nuevo desarrollo en la política migratoria que entró en vigor el pasado 26 de enero. La nueva estrategia federal impulsada por la administración Trump ha modificado significativamente el manejo de los casos migratorios en la región.
Desde la implementación de estas medidas, los inmigrantes detenidos en Puerto Rico han comenzado a ser enviados a centros de detención en suelo continental estadounidense. La mayoría de estos detenidos son ciudadanos dominicanos que buscaban mejores oportunidades.
El plan forma parte de una estrategia para contrarrestar la saturación de espacios en la isla caribeña. El primer operativo tuvo lugar en Barrio Obrero, sector identificado como el corazón de la comunidad dominicana en Puerto Rico.
A partir del 2 de julio, la nueva instalación Alcatraz Caimán localizada en un aeródromo abandonado de los Everglades comenzó a recibir migrantes. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, confirmó oficialmente el funcionamiento de esta controvertida instalación.
Actualmente, unas 750 personas están recluidas en este sitio remoto, rodeado por caimanes, serpientes y panteras. Las condiciones han sido descritas por migrantes y activistas como inadecuadas para la dignidad humana.
Familiares, abogados y organizaciones han denunciado que los detenidos viven hacinados en carpas improvisadas bajo un calor abrasador. La humedad intensa, la escasa provisión de agua potable y los alimentos deteriorados contradicen las declaraciones oficiales sobre el cumplimiento de estándares federales.
Una visita de legisladores federales y estatales el pasado sábado intensificó las críticas hacia la instalación. Aunque la prensa no tuvo acceso, los testimonios de los funcionarios fueron contundentes respecto a las condiciones observadas.
El senador estatal Carlos Guillermo Smith describió la experiencia como “alarmante” al observar “humanos enjaulados” sin acceso adecuado a los espacios ocupados. Su testimonio evidencia la gravedad de la situación que enfrentan los detenidos.
La congresista Debbie Wasserman Schultz denunció que hasta 32 personas compartían una jaula con literas escasas y baños comunes. Los detenidos utilizan la misma fuente de agua para beber y asearse en el área de desechos.
El representante Darren Soto advirtió que el centro está construido en una zona propensa a inundaciones. Esta ubicación representa un riesgo mayor ante la temporada ciclónica que se aproxima a la región.
El lugar fue definido como una amenaza para migrantes y personal por igual. Soto recordó el impacto de las políticas recientes, incluyendo la revocación del estatus legal de cientos de miles de inmigrantes y la aceleración de deportaciones familiares.
La Arquidiócesis de Miami se unió a la condena pública, señalando que la instalación es corrosiva e inapropiada. El activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, describió el área como inhabitable, infestada de insectos y con riesgos sanitarios y climáticos alarmantes.
Aunque el centro fue levantado en solo dos semanas con una inversión inicial de 450 millones de dólares, documentos de FEMA filtrados indican que el gasto ya supera los 600 millones. La estructura fue promovida como una “solución temporal y eficiente”.
Sin embargo, las condiciones relatadas y la ubicación remota cuestionan su viabilidad y legalidad. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió supervisión continua, acceso a las instalaciones y un plan de evacuación ante la inminente amenaza de huracanes.
Por ahora, la controversia en torno a Alcatraz Caimán sigue creciendo mientras organizaciones y legisladores piden acciones inmediatas. El caso del ciudadano dominicano representa solo uno de los múltiples testimonios que evidencian las condiciones en esta instalación controvertida.